¿Como se hicieron ricos nuestros políticos?
–del Derecho del Tanto o la Mala Educación–
El Derecho del Tanto del Tanto o de preferencia está en la Ley Agraria y funciona para efectos de que otros ejidatarios o el Estado vayan “mano” en calidad de compradores elegibles sobre cualquier suelo ejidal puesto a la venta por sus titulares. El espíritu de la ley es que los ejidatarios “rescaten” el suelo para seguirlo sembrando o bien que el Estado lo adquiera para establecer reservas territoriales, garantizar el cumplimiento de planes de desarrollo, controlar precios o destinarlo a una inversión en pro del bien común. En Querétaro eso no ha pasado…
Durante los últimos 10 años el Estado de Querétaro y los Ayuntamientos de los Municipios conurbados a la Capital han renunciado sistemáticamente al Derecho del Tanto permitiendo que en lugar de una bolsa pública de suelo urbanizable, se hayan establecido reservas privadas de suelo ejidal, alterando con ello el valor y la disponibilidad –a tal grado– que ahora el tema comienza a ser un boomerang que vuelve para dañar, curiosamente, al renunciante y por consecuencia a todos nosotros.
Y luego nos preguntamos porque se volvieron tan ricos nuestros políticos ¿?…Otra lateralidad, además del injustificado incremento de los precios, es que con este mismo modelo maleducaron a los grupos ejidales, quienes –primero mal aconsejados vendieron a precios de hambre– ahora resultan ser también especuladores. El Estado perdió la brújula y el control sobre el suelo que contorna nuestros principales asentamientos y ahora hay que ponerle millones si queremos reparar tanto una lógica de mercado como una política de protección al medio ambiente.
Y es que hoy resulta que el bien común tiene un alto precio. Si el Estado llegara a necesitar suelo para instalar empresas y crear empleo; si llegáramos a requerir espacio para albergar una universidad o un centro de investigaciones; si se volviera inminente proteger una zona por su función ambiental o si simplemente se requiriera pasar infraestructura por debajo o sobre el suelo, ahora tendremos que pagar un alto precio al especulador o litigar una expropiación que quizá no veamos concluir mientras vivamos.
¿Cuando vamos a empezar a invertir dinero público en reservas territoriales? ¿Cuándo ya solo quede el que se requerirá en 2080?…
A los terratenientes habría que decirles que la generación de riqueza es un ejercicio que debe responder a una responsabilidad social mínima. A los gobernantes habría que exigirles una política de reservas, así de simple y tan clara como la que hace el Banco de México. Es la misma lógica.
La mala educación que se ha sembrado no puede ni debe continuar su trágica evolución. Sugiero que en los municipios –mediante reglamento– la facultad de decidir si se ejerce o no el derecho del tanto se eleve al Cabildo y (si no es posible por el breve plazo de 30 días que da la ley) se obligue a tener por lo menos un dictamen que defina si el suelo es o no susceptible de una inversión pública, de tal suerte que se justifique retenerlo como reserva dada su función ambiental, económica o (aunque a muchos no les guste) simplemente por razones de control en pro del interés público.
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*foto tomada del Blog Peña Colorada
