Nuevos nubarrones sobre la Comisión Reguladora de Energía (II)

El drama de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aún no termina y, lejos de ello, parece intensificarse y confirmar lo que a lo largo de diversas columnas he sostenido: la CRE está siendo objeto de un claro embate en los juegos de poder del presidente y su partido.
Después de que hace algunas semanas fueron rechazadas en el Senado de la República la totalidad de las ternas para sustituir a cuatro comisionados de la CRE, en su inmensa mayoría por la objetiva falta de idoneidad de los candidatos para ocupar estos cargos (algunos de ellos no sabían ni qué hacía el órgano regulador para el cual fueron propuestos), el presidente de la República ha vuelto a enviar al Senado otra serie de ternas, y tal es la sorpresa que 11 de los 12 candidatos originales (el único que quedó fuera fue porque en la primera ocasión ni siquiera acudió a la comparecencia) fueron incluidos de nuevo en estas. O sea, el presidente López Obrador quiere a esta gente ocupando los cargos de la CRE a como dé lugar. En definitiva, los prefiere incondicionales antes que expertos.
Y seguramente así sucederá. El artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que, si en la segunda ocasión en que se envía una terna a la Cámara de Senadores, esta vuelve a ser rechazada, ocupará el cargo de comisionado la persona que dentro de dicha terna sea designada por el presidente. En pocas palabras, todo parece indicar que, o se escogen los candidatos del presidente por la buena del voto democrático del Senado, o este acabará por nombrarlos a su discreción. El modelo evidencia su deficiencia en el contexto de los pesos y contrapesos del equilibrio de poderes, pero así está la ley y ese es un tema aparte.
Así, sin animo de pesimismo, pero sí de inevitable realidad, todo parece indicar que la CRE acabará siendo gobernada por una serie de candidatos que han demostrado no ser particularmente expertos en el sector, y que probablemente tampoco generarán confianza en los inversionistas. Y quizá aún peor, que no acaban de comprender con absoluta claridad que el rol de un órgano regulador es el de un árbitro imparcial cuyo primer beneficiario debe ser el consumidor y no las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE). Más allá de toda la faramalla de ser empresas de todos los mexicanos, estas son a fin de cuentas participantes de un mercado que debe ser competitivo e imparcial. En la CRE debe imperar la visión de que la mejor manera de apoyar a los mexicanos no es favorecer de manera obvia a estas empresas, sino asegurarse de que existan mercados energéticos sustentables, libres, competitivos y rentables.
Si a esta previsible disfunción reguladora le sumamos el abierto interés de la Comisión Federal de Electricidad para aumentar la producción de energía eléctrica a partir del carbón (esta semana abrió una convocatoria para licitar la compra de 330 mil toneladas de este recurso), el panorama de la transición energética empieza a percibirse como desolador. En un país comprometido a producir el 35% de su energía eléctrica a partir de renovables, y con uno de los potenciales probados más altos para el desarrollo de estas fuentes de energía, la apuesta parece completamente equivocada.
Hay tiempo de corregir, pero la iniciativa privada tiene que levantar la voz y jugar un rol mucho más potente de lo que ha hecho hasta ahora. La sustentabilidad energética del país y el desarrollo de una de las industrias con mayor potencial en México están en juego.

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