Nuevos nubarrones sobre la Comisión Reguladora de Energía (II)

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El drama de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aún no termina y, lejos de ello, parece intensificarse y confirmar lo que a lo largo de diversas columnas he sostenido: la CRE está siendo objeto de un claro embate en los juegos de poder del presidente y su partido.
Después de que hace algunas semanas fueron rechazadas en el Senado de la República la totalidad de las ternas para sustituir a cuatro comisionados de la CRE, en su inmensa mayoría por la objetiva falta de idoneidad de los candidatos para ocupar estos cargos (algunos de ellos no sabían ni qué hacía el órgano regulador para el cual fueron propuestos), el presidente de la República ha vuelto a enviar al Senado otra serie de ternas, y tal es la sorpresa que 11 de los 12 candidatos originales (el único que quedó fuera fue porque en la primera ocasión ni siquiera acudió a la comparecencia) fueron incluidos de nuevo en estas. O sea, el presidente López Obrador quiere a esta gente ocupando los cargos de la CRE a como dé lugar. En definitiva, los prefiere incondicionales antes que expertos.
Y seguramente así sucederá. El artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que, si en la segunda ocasión en que se envía una terna a la Cámara de Senadores, esta vuelve a ser rechazada, ocupará el cargo de comisionado la persona que dentro de dicha terna sea designada por el presidente. En pocas palabras, todo parece indicar que, o se escogen los candidatos del presidente por la buena del voto democrático del Senado, o este acabará por nombrarlos a su discreción. El modelo evidencia su deficiencia en el contexto de los pesos y contrapesos del equilibrio de poderes, pero así está la ley y ese es un tema aparte.
Así, sin animo de pesimismo, pero sí de inevitable realidad, todo parece indicar que la CRE acabará siendo gobernada por una serie de candidatos que han demostrado no ser particularmente expertos en el sector, y que probablemente tampoco generarán confianza en los inversionistas. Y quizá aún peor, que no acaban de comprender con absoluta claridad que el rol de un órgano regulador es el de un árbitro imparcial cuyo primer beneficiario debe ser el consumidor y no las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE). Más allá de toda la faramalla de ser empresas de todos los mexicanos, estas son a fin de cuentas participantes de un mercado que debe ser competitivo e imparcial. En la CRE debe imperar la visión de que la mejor manera de apoyar a los mexicanos no es favorecer de manera obvia a estas empresas, sino asegurarse de que existan mercados energéticos sustentables, libres, competitivos y rentables.
Si a esta previsible disfunción reguladora le sumamos el abierto interés de la Comisión Federal de Electricidad para aumentar la producción de energía eléctrica a partir del carbón (esta semana abrió una convocatoria para licitar la compra de 330 mil toneladas de este recurso), el panorama de la transición energética empieza a percibirse como desolador. En un país comprometido a producir el 35% de su energía eléctrica a partir de renovables, y con uno de los potenciales probados más altos para el desarrollo de estas fuentes de energía, la apuesta parece completamente equivocada.
Hay tiempo de corregir, pero la iniciativa privada tiene que levantar la voz y jugar un rol mucho más potente de lo que ha hecho hasta ahora. La sustentabilidad energética del país y el desarrollo de una de las industrias con mayor potencial en México están en juego.

 

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Querétaro Planeado

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Esta semana llegó a su fin el primer Foro Intergremial Querétaro Planeado, con la firma de la Declaratoria por el Derecho a la Ciudad en Querétaro, que se entregará a las autoridades de tres órdenes de gobierno, donde quedaron compendiadas las propuestas precisas para atender, entre sociedad organizada y gobierno, la apremiante necesidad de orientar nuestra ciudad y su zona metropolitana mediante un sistema de planeación eficiente, transparente y vinculante a favor del bienestar y la prosperidad de todos los habitantes y no solo de un sector o grupo de empresarios.
A iniciativa de Coparmex, este primer foro (que promete una segunda edición solo para analizar el futuro del agua en Querétaro) reunió a más de mil profesionistas del sector inmobiliario y la infraestructura: técnicos, comerciantes, peritos, notarios, corredores y académicos del sector discutimos durante cuatro intensas jornadas sobre la inserción de tecnologías a la urbe y la nueva regulación urbanística que necesitamos.
De manera muy particular se expusieron los problemas y propuestas para mejorar la conectividad de la metrópoli con nuevos sistemas de transporte colectivo; se analizó la oportunidad de seguir atrayendo población, desde la perspectiva de alternativas para impulsar la regeneración de la ciudad ya urbanizada y controlar asimismo la expansión de la mancha urbana.
Miembros de Coparmex, Canadevi, Canaco, Canacintra, CMIC, Consejo de Notarios, Consejo de Valuadores, Instituto Mexicano del Transporte, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Asociación de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Forópolis, Canirac, Universidad Autónoma de Querétaro y AMPI coincidieron en varios temas o agendas por atender y se comprometieron a sumarse de inmediato.
En la declaratoria concluyen que se tiene actualmente un modelo expansivo y fragmentado de crecimiento urbano que resulta insostenible para el financiamiento de la ciudad, con los efectos indeseables en materia ambiental que conlleva expandirse sin cesar.
Señalan como punto medular del problema que aqueja a la Zona Metropolitana de la ciudad de Querétaro, la ausencia de instituciones fuertes en materia de planeación, basadas en procedimientos que en verdad procuren la participación ciudadana. De manera muy especial la declaratoria señala la necesidad de contar, a la brevedad posible, con los programas de desarrollo urbano en el Municipio de Querétaro que consideren los lineamientos internacionales de la Nueva Agenda Urbana surgida de Hábitat III y que quedaron plasmados en el Programa Q500.
Muy fuerte, pero no por ello desatinado, es el señalamiento de que hoy en día existe un modelo que tiende a la perpetuación de condiciones para la desigualdad y la inequidad, idea que se une al apunte de que todavía adolecemos de un sistema de transporte colectivo deficiente y continuamos invirtiendo de forma prioritaria en la red para el vehículo particular.
Celebro en lo personal el esfuerzo comandado por el Ing. Daniel Cordero del Espíritu Santo, pues esta declaratoria resulta un precedente que puede orientar el debate legislativo ahora que interviene en la Legislatura el Código Urbano. Creo que tanto la diputada Abigail Arredondo como los legisladores de todas las fracciones deben leer este documento como un manifiesto de la sociedad civil por un Querétaro planeado y considerar de forma contundente la petición unánime de crear tanto el Instituto Metropolitano de Planeación como el propio instituto estatal, asimilando las experiencias de otras entidades de la República, como es el caso de Guanajuato, donde, más allá de sus problemas de seguridad, nos llevan años luz en materia de participación ciudadana y planeación.
Enhorabuena por los socios de todos estos gremios que participaron, pues se comprometieron y pusieron los cómos, además de señalar los qués, sin enconarse con los quiénes, como es frecuente que pase, lo cual no nos lleva a nada.

 

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Nuevos nubarrones sobre la Comisión Reguladora de Energía

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Hace unos meses, aún antes de que el presidente López Obrador tomara protesta del cargo, yo escribía sobre la presión que en lo político y en los pasillos de la burocracia se estaba ejerciendo sobre los miembros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Frente a la imposibilidad de eliminar formalmente la autonomía de estas comisiones, el embate ahora se surtía en la presión política, donde uno a uno se buscaba obtener la renuncia de los comisionados por considerarlos poco afines a las políticas e intereses del nuevo gobierno.
La polémica se ha perpetuado en los primeros meses del año. La salida de varios de sus comisionados, algunos por renuncia, y otros por haber concluido su periodo, ha dejado a la CRE en un estado de parálisis, bajo el cual ni siquiera tienen el quórum para sesionar y mucho menos para tomar ninguna decisión; con tres de siete comisionados en funciones, la CRE se paralizó. Aunado a ello, la crítica que desde la presidencia y desde algunos curules del Senado se ha producido directamente hacia el comisionado presidente, Guillermo García Alcocer, claramente nos habla de nubarrones de incertidumbre que se posan sobre los órganos reguladores en materia energética, y en general sobre el sector de la energía.
Para abonar a esta incertidumbre, las sesiones sostenidas en la Comisión de Energía del Senado para elegir a los nuevos comisionados han dejado mucho que desear. Prácticamente ninguno de los candidatos tiene una experiencia probada en materia de electricidad, pues la inmensa mayoría se vincula más bien al sector de hidrocarburos, que es en cualquier caso materia del otro órgano regulador, la CNH. La falta de idoneidad de estos candidatos llegó incluso a rayar en lo cómico cuando algún candidato, al ser cuestionado sobre el significado de los Certificados de Energía Limpia (CEL por sus siglas) no tuvo empacho alguno al decir que los únicos “CEL” que conocía eran los teléfonos celulares, haciendo referencia explícita a su teléfono; o cuando otra se limitó a leer una definición de Internet para explicar qué hace el organismo al que ahora pretende pertenecer. Aún así, y aun cuando la inmensa mayoría de las voces expertas del sector ha manifestado su franca preocupación por la falta de candidatos serios, objetivos y experimentados en el sector, la comisión del Senado apenas este miércoles emitió el dictamen de idoneidad para 11 de los 12 candidatos entrevistados, y eso porque el que quedó excluido ni siquiera se presentó a su comparecencia.
Este escenario incierto se suma a la cancelación que desde el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se ha hecho respecto de la cuarta subasta de energía eléctrica, práctica ideal para la proliferación y atractivo de la inversión en proyectos de renovables; o a las cancelaciones o suspensiones de las licitaciones de proyectos de infraestructura de transmisión que conectaría diversas zonas del país, algunas de ellas con un altísimo potencial para la generación de energía, con otras con alta demanda de electricidad. El resultado, se busque o no, es que se está minando el potencial de uno de los sectores donde México podría ser una punta de lanza: la producción de energía, y aún mejor, de energía limpia. Al tiempo lo veremos.

 

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Transmisiones gratuitas a revisión

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Dentro de la agenda propuesta en los foros de Consulta Pública para la Reforma al Código Urbano se debe incluir un punto especial para discutir el tratamiento legal que hemos de darle a las transmisiones gratuitas de suelo que deben hacer los desarrolladores a la ciudad o al municipio para que este tenga el suelo disponible para nuevos equipamientos, áreas verdes y espacios cívicos.
La ley actual señala que el desarrollador debe donar a la ciudad el 10% de la superficie total del predio que pretende desarrollar ( Art. 156, CU). Hay quien ha señalado como reclamo histórico que es poco, que ese porcentaje no provoca que sean suelos efectivos para mantener el balance del espacio público y las áreas verdes. Hay quien pide que sea el 20%, o hasta el 22% como está determinado en Nuevo León; mientras otros quisieran que fuera el 4%, cómo está en Guanajuato, e incluso que se pueda optar entre entregar suelo o valuarlo y mejor entregar el dinero al municipio para que este adquiera el suelo donde lo considere oportuno. Este ha sido debate central cada vez que se toca el Código Urbano.
Más allá de la cantidad de suelo, otro elemento del debate es la calidad, pertinencia, ubicación y proporción del suelo que se transmite. Existe hoy prohibición expresa para que el municipio no termine recibiendo suelos residuales, inútiles e inaprovechables ya para situar un equipamiento o dotar de un espacio público de calidad a los habitantes de una colonia, un barrio o una zona de la ciudad. Mucho se ha cuestionado la división porcentual: que del 10%, 5% sea para equipamiento; 4%, para áreas verdes, y 1% para plazas y espacios cívicos basados en la densidad de hasta 400 habitantes por hectárea. ¡Una fórmula que solo Dios y el legislador del 2012 saben de dónde salió! Esto tendrá que revisarse y sería bueno que la dosificación del suelo transferido no tenga como base la densidad poblacional y más bien responda a una demanda especial específica del punto de la ciudad que se está resolviendo.
Un último elemento que invitamos a la legislatura a revisar y en su caso a resistir, es la presión a que ese suelo transmitido pueda ser liberado para revenderse, además de la perversidad de querer conmutarlo por dinero, como ya comenté. No, por ningún motivo se debe tocar la caracterización que ese suelo donado debe tener: inalienable, imprescriptible e inatacable desde la perspectiva de que el donante quisiera recuperarlo.
Hoy están así protegidos, etiquetados para servir a la ciudad, y aun así se han llegado a comercializar o se les ha dado un nuevo destino. Ahí está la atroz desfiguración del Área Natural Protegida de Jurica Poniente, durante la administración municipal 2015-2018. O peor aún, cuando los alcaldes han llegado a pagar suelos con el fruto de su venta.
Son suelos sagrados. Solo así el entramado urbano puede mantener la calidad y ofrecer equidad y oportunidades a todos los ciudadanos; la oportunidad de encontrar el espacio público, los servicios, las redes y la infraestructura que necesitamos cerca de casa.
Debemos estar alerta, no sea que algunos legisladores sucumban ante la presión de algunos tenedores de suelo que siempre han querido que las transmisiones gratuitas sean una obligación suavecita y a modo.

 

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Seguridad Energética

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Las últimas semanas han sido particularmente delicadas en el panorama de los hidrocarburos a nivel nacional. El combate al robo de combustibles, conocido como huachicoleo, ha desatado una enorme polémica por sus efectos secundarios, que sin importar si se acaban caracterizando como una crisis de desabasto o de falta de distribución, ha generado incomodidad entre los usuarios, cientos de estaciones de servicio cerradas, e interminables filas con miles de horas productivas perdidas.
No obstante, reconozco que lo que más me ha llamado la atención ha sido la enorme fragilidad, y prácticamente nula seguridad energética de buena parte del país. La velocidad con la que distintos estados del país agotaron sus provisiones de combustible frente a la falta de distribución es alarmante. Los estados del Bajío, enorme motor industrial y económico del país, resultaron no tener suficiencia para el abastecimiento de gasolinas después de poco más de un par de días sin suministro. Este dato contrasta dramáticamente con los requerimientos de la Agencia Internacional de Energía, que requiere a sus miembros contar con reservas para al menos 90 días de suministro, y aún con la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, que estableció un volumen mínimo de inventario para el 2020 del equivalente a 5 días de ventas.
Aún así, la reflexión sobre esta crisis huachicolera ha terminado siendo agridulce: por un lado, evidenció las carencias en infraestructura de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles; y, por otro lado, probó el éxito de la reforma energética y su régimen de libre competencia.
El primer factor es también una área de oportunidad. Simplemente, existe un potencial fantástico para el desarrollo de esta infraestructura, lo que la convierte en una estupenda oportunidad de inversión para los particulares y en una necesidad para el combate efectivo al huachicoleo.
Por cuanto ve al segundo factor, es innegable el éxito de la reforma energética en esta crisis, y es que sin ella ni siquiera habría habido gasolina en las pocas estaciones de servicio de aquellas empresas que importan de manera directa sus propios combustibles. Si en Querétaro no existieran gasolineras que importan directamente sus productos de Estados Unidos, el panorama habría sido aún peor.
Entonces, una de las conclusiones es que mientras más libre competencia exista en el sector de los hidrocarburos, y de la energía en general, menos vulnerables seremos frente a este tipo de fenómenos imprevistos. En pocas palabras, hay que apostarle a la diversificación del sector energético. Simplemente, no es sano que una única empresa sea la que domine de manera aplastante el sector, pues entonces de esta dependerá de manera casi exclusiva la producción, distribución, y logística en general. Mientras más y más libres jugadores existan, menos vulnerables seremos los usuarios.
La apuesta más importante, sin embargo, es la de diversificar las fuentes de generación de energía en el país; que podamos aprovechar energía de distintos orígenes, y no solamente de los hidrocarburos. Pareciera muy lejano, pero la disrupción tecnológica poco a poco nos llevará hacia allá. Más adelante hablaremos de ello.

 

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Armonizar

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El año que comienza tendrá una gran repercusión en el futuro del urbanismo y la planeación en Querétaro. Es un volado, pues todo puede pasar y dependerá de la forma como se conduzcan los trabajos de estos foros.
Lo que se busca es reformar el Código Urbano de 2012 para “armonizarlo” con la nueva legislación federal de 2016 que contiene muchas nuevas instituciones urbanísticas, como es el caso de la gobernanza metropolitana, las nuevas reglas en materia de inversiones para la movilidad, o la planeación ciudadanizada; sólo por mencionar tres de los más de 15 temas relevantes que deberán abordarse.
El primer foro de participación ciudadana sucedió en diciembre, y la próxima semana comenzará una cadena de eventos similares que deberán concluir hacia el mes de julio con las bases para una iniciativa de ley que se presentaría en conjunto entre los poderes legislativo y ejecutivo locales.
La primera cita tuvo como tema central la planeación desde su visión eminentemente operativa: por un lado, la figura del Dictamen de Congruencia, que en buen español es el medio por el cual el gobierno estatal le pone “palomita” a un municipio cuando este propone una actualización a sus planes de desarrollo; acto sin el cual no pueden publicarse ni registrarse los nuevos instrumentos y por tanto no cobran vigencia.
Por otra parte, se abordó el Dictamen de Impacto Urbano, instrumento que hasta ahora es letra virgen en nuestro Código de 2012, y que sirve para determinar la viabilidad de una obra; si rebasa o no la capacidad de la infraestructura instalada a su alrededor y si existe compatibilidad de usos entre aquello que se pretende y el tejido urbano ya existente. Un súper tema si ponemos en perspectiva que nuestra zona metropolitana necesita regenerarse y densificarse. Ya no debe expandirse más.
La agenda es extensa. Vienen dos temas torales en el foro del 9 de enero: acciones urbanísticas en materia de desarrollos inmobiliarios; fusión, subdivisión, fraccionamiento y condominio. Se analizará el nada conflictivo asunto de la manera como estos deben ser entregados una vez que el desarrollador los ha terminado, ya sea al municipio o a los propios condóminos.
El gran reto de este trabajo legislativo es convencer, que no resulte una iniciativa chafa como ha pasado en varios estados de la República donde para resolver y no meterse en problemas con el sector, los legisladores hicieron solo “copy-paste” acomodando los nuevos textos en sus viejas leyes de desarrollo urbano donde mejor les pareció.
El reto es lograr instrumentar una política urbana nacional siguiendo la Nueva Agenda Urbana firmada por México en Habitat III (Quito, Ecuador) e impedir asimismo que la reforma quede, como se dice, con dedicatoria. Evitar que se aproveche para pasar viejas peticiones de algunos en la industria, como es el caso de permitir la catafixia de suelo de donación por dinero, lo que implicaría a la Zona Metropolitana la perdida de más de 2.200 hectáreas de suelos para equipamiento y áreas verdes hacia el 2030. Esperemos que no pase algo así.

 

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Paradojas energéticas

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El Gobierno del presidente López Obrador comienza dándonos de qué hablar en el panorama energético.
El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) anunció esta semana la suspensión de la primera subasta de energía eléctrica a largo plazo. La noticia causa inquietud, pues precisamente uno de los principales incentivos para entrarle a la industria eléctrica, es la capacidad de participar en el Mercado Eléctrico Mayorista en un esquema de libertad para adquirir electricidad al menor costo en un modelo competitivo. La suspensión de la subasta pone en entredicho la lógica del modelo en sí mismo. Y peor aún, amenaza la viabilidad económica de desarrollar proyectos de energía limpia si estos no podrán vender su producto en un mercado libre y competitivo.
En el ámbito de los hidrocarburos se ha reiterado el rechazo del fracking como una práctica para la producción de gas natural. La fracturación hidráulica, popularmente conocida como fracking, es una práctica cuestionada, aunque igualmente efectiva para la extracción de gas natural a partir de fuentes no convencionales. El norte del país cuenta con importantes reservas de gas que únicamente serán extraíbles a partir del fracking, por lo que rechazar esta práctica imposibilitará su explotación y perpetuará la dependencia de México de importar gas natural desde Estados Unidos.
La decisión no es particularmente congruente con la premisa principal que ha asumido la presente administración de bajar el precio de los combustibles y consolidar la seguridad energética del país. Prohibir el fracking en el territorio nacional dará una ventaja competitiva a los productores en el extranjero, quienes sí emplean esta práctica de manera habitual. Entonces ojo, si la causa para sostener el rechazo del fracking tiene sustento en consideraciones ambientales, habría que ampliar la postura a prohibir la importación de gas proveniente de fuentes no convencionales explotadas con esta práctica. De lo contrario este rechazo no es más que económicamente ineficiente y ambientalmente ineficaz.
Por otro lado, no resulta novedosa la intención de este gobierno de construir dos nuevas refinerías. Ya lo había anunciado el presidente en su campaña, y volvió a hacerlo en el discurso de la toma de posesión. El tema es controversial y tiene razones en ambos extremos. Es entendible buscar consolidar la seguridad energética del país, que hoy importa la mayoría de sus combustibles. Por otro lado, frente a la revolución de la energía renovable, y la tendencia a que termine por consolidarse en nuestra vida diaria, es cuestionable si vale la pena apostar a largo plazo (la amortización no se produciría de otro modo) por los combustibles fósiles, que pareciera que tienen los días contados.
Finalmente, esta semana López Obrador confirmó la suspensión de las rondas petroleras por los siguientes tres años, lo que en el sector se estima que podría traer una pérdida gigantesca de empleos y monetaria. La pregunta que no se ha respondido aún es qué pasará si las rondas ya no son la manera de operar el modelo energético, con el riesgo de un estancamiento indefinido.
¿A dónde se dirige el panorama energético en México? Y la paradoja, ¿apostarle a este cambio a costa de la vulnerabilidad frente al cambio climático? Está por verse.

 

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Juegos de poder sobre la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos

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Hace un par de semanas, en un paquete de iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se propuso sectorizar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la Secretaría de Energía. Es decir, que dichas comisiones, hasta hoy órganos autónomos, tendrían como superior a la Secretaría de Energía. Esta iniciativa no prosperó, en el Congreso se resolvió que ambos órganos deben permanecer constitucionalmente autónomos.
El embate para subordinar a estos órganos ahora pasa por inducir la renuncia de sus comisionados para incluir personajes afines al gobierno entrante. Prueba de ello es la reciente renuncia de Juan Carlos Zepeda, titular de la CNH, y la presión que se ejerce sobre los miembros de la CRE para obtener renuncias similares. El mensaje de fondo es que lo que no se consiguió democráticamente en el Congreso, ahora se pretende imponer por la fuerza de la presión personal.
Estas comisiones ejercen sus funciones como órganos reguladores de los dos grandes sectores de la energía: los hidrocarburos y la electricidad. Sus roles son particularmente importantes para el libre mercado que se consolidó con la reforma energética: velan por su correcto funcionamiento desde una perspectiva técnica e imparcial, participan en la emisión de las reglas que aplican a los mercados, y finalmente son los árbitros que supervisan y dirigen el juego de los participantes en los sectores energéticos.
El correcto desarrollo de sus funciones es garantía para un libre mercado, justo e imparcial, elemento indispensable para la confianza de los participantes del sector, cuyo desempeño termina por impactarnos a todos, aún indirectamente. En pocas palabras, la confianza y la imparcialidad de estas comisiones es clave para incentivar el desarrollo del sector energético en el país.
La iniciativa que daría lugar a la sectorización de la CRE y de la CNH habría eliminado la autonomía real de estos órganos, integrándolos en un organigrama de criterios y decisiones políticas, subordinándolos a una cabeza política con jerarquía y poder suficiente para poner en entredicho su carácter de reguladores imparciales. La presión para conseguir la renuncia de los comisionados no elimina formalmente la autonomía de estos órganos, pero sí pretende eliminarla de facto, posiblemente para dar paso a personajes dispuestos a actuar como mejor lo estime el gobierno entrante, y no necesariamente conforme a la lógica e imparcialidad que requieren los mercados energéticos.
En la regulación de los mercados energéticos se está cocinando la receta perfecta para minar la confianza de estos sectores y ahuyentar o disminuir el ánimo de participar en ellos. Si no hay garantías de un piso parejo, imparcial y objetivo para los participantes de este sector, es de esperarse que los mercados energéticos terminarán siendo un fracaso, o al menos que no desarrollarán el potencial que podrían haber alcanzado. Eso nos acabará por pesar a todos.
Minar la confianza en los mercados energéticos quitándole de facto autonomía a sus órganos reguladores al imponer personajes a modo, podría ser el primer paso para dinamitar uno de los sectores más prometedores de la economía mexicana, y de uno de los pilares del desarrollo sustentable del país.

 

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¿Feliz cumpleaños?

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Por MNU y Lic. Gabriel Ballesteros Martínez

Instrumentar el Derecho a la Ciudad es la agenda urbana en la que está inmerso el país y de la cual, en efecto, no estamos al día en Querétaro.

Hace 5 años que tenemos el nuevo Código Urbano, publicado el 31 de mayo de 2012; legislación criticada y luego acusada, que vivió el suspenso de ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (36 meses), donde pasó la prueba de una supuesta controversia constitucional con el orden municipal de gobierno. Por cierto, controversia promovida desde las sombras por algunos especuladores de suelo.

Instrumento jurídico para el porvenir de nuestras ciudades que disgustó a algunos desarrolladores por obligarles a dotar a la ciudad de equipamientos terminados y no solo permitirles donar solares inútiles para el patrimonio social y espacial de la comunidad, como se hacía desde 1992.

Ley que ya fue reformada en 2015 para satisfacer algunas voces que prefieren urbanizar sin calidad de espacio público y que estuvieron a punto de colarle un párrafo que les permitiera conmutar dinero a las alcaldías por áreas verdes para la comunidad (versión del artículo 156 que devolvió el Gobernador Calzada en su momento a los legisladores, sin publicar, porque atentaba contra más de 2,200 hectáreas de áreas verdes, según proyecciones a 2030).

Un documento que ha sido cuestionado por muchos, autoridades incluso (algunas que no lo han siquiera leído, me consta) y del cual algunas de sus nuevas instituciones urbanísticas permanecen vírgenes, pues ni los gobiernos, ni los colegios, ni las cámaras promueven su uso. Curioso resulta que en diversos foros algunos de estos actores hablan de lo útiles que serían estas instituciones (¿¡?) … polígonos de actuación, operaciones coaligadas, obras por cooperación, asociaciones público privadas, secretariados técnicos, institutos de planeación; todas están ya ahí.

La ironía de que ya estén en el texto legal y nadie las ocupe es terrible, trágica. Pero no es de extrañarnos, no se ha gastado un peso público en su difusión. Quienes desarrollan no las conocen y quienes las deberían promover desde el gobierno las ven con riesgo de que su status quo pueda cambiar. Un ejemplo de esto es la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, que fue concebida como el policía del sistema y que a punto ha estado y quizá está de desaparecer pues la actual administración estatal no se le considera relevancia… pocos la usan; vaya tragedia en una entidad federativa donde a diario muchos construyen sin licencia, se poda o se despalma sin permiso y donde se extraen materiales, en ocasiones, en la más evidente impunidad.

Y es que un texto legal sin instrumentación puede ser una tomada de pelo legislativa. Una falla del Ejecutivo estatal, y una irresponsabilidad de los presidentes municipales y sus ayuntamientos, quienes tienen la obligación de proveer en la esfera administrativa al exacto cumplimiento de la ley, es decir, hacer reglamentos. Una ley sin reglamentos no solo queda a merced de la discrecionalidad y de la interpretación; queda a merced de la crítica sin fundamento; normas sin operatividad a menudo tergiversadas por casuales peritos y jefes de departamento para sustentar el abuso de poder; o peor aún, se vuelven instituciones abiertas al oportunismo legislativo.

En ese escenario está el Código Urbano en este momento. Instituciones como la CEA, la CEI y todo el modelo para decidir, socializar, diseñar y ejecutar la obra pública requieren con urgencia un entramado legal coherente, integrado… no opaco.

Varios son los reglamentos que deberían haber sido ya creados y que darían el andamiaje para cumplir varios de los objetivos que señala el Artículo 3º:

 

“…Todas las personas residentes en el Estado de Querétaro tienen derecho al disfrute de ciudades sustentables, justas, democráticas, seguras, equitativas, para el ejercicio pleno de sus derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”…:

De acuerdo a los Artículos Transitorios Tercero y Cuartos del nuevo Código Urbano de 2012 tanto el Titular del Ejecutivo como los Ayuntamientos están en falta. Deberían ya haberse discutido y emitido los siguientes cuerpos reglamentarios, cuando menos:

 

  • Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios
  • Reglamento General de Propiedad en Condominio y Relaciones Vecinales
  • Reglamento de Construcciones, Normas Técnicas y Usos de Suelo
  • Reglamento de Observatorios Urbanos.
  • Reglamento de Aguas

 

De la misma manera ya debería haberse revisado y actualizado la Ley de Planeación que data de 1993 cuando éramos otro Querétaro. Por otra parte, nuestra agenda para el desarrollo urbano tiene pendiente en la mayoría de los municipios la revisión y actualización de sus planes y programas de desarrollo. Máxime que ahora es obligación para los que tienen más de cien mil habitantes hacerlo en dos años, de acuerdo a un Transitorio de la nueva legislación federal de la materia.

No es menor la necesidad de estos instrumentos. Bastaría con preguntarle a los jueces de lo Contencioso Administrativo para ratificar si son urgentes y lo mucho que atemperarían las relaciones entre el sector inmobiliario y los municipios.

Bastaría con asistir a unas cuantas asambleas condominales para identificar el caos que se ha gestado y las grandes confusiones que permite una ley sin detallar. A gritos piden estas grandes comunidades urbanas como Ciudad del Sol, Rancho Bellavista o el mismo Campanario, una estructura normativa comprensible.

Lo dramático es que muchos de estos instrumentos existen ya al nivel de proyecto; están en cajones de la SDUOP y en las Secretarías del Ayuntamiento pero su cabildeo es tímido; surge y se desvanece de conformidad a los particulares momentos de tensión entre el sector y las administraciones públicas. Toma fuerza en las campañas electorales para luego volver a dormir cuando ya no es necesario despertar a ese monstruo llamado debate.

Lo inquietante es que ahora hay que ajustar el Código Urbano a la Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano publicada en noviembre pasado. En ella vienen nuevas instituciones como el reordenamiento parcelario; las bases para la sustentabilidad financiera del desarrollo urbano. Las nuevas instituciones para la democratización de ordenamiento territorial, como lo es la estructura de Consejos y Comités de Desarrollo Urbano y la posibilidad de sancionar a aquellas autoridades que permitan la realización de edificaciones o cambios de uso de suelo que no se apeguen a los programas de desarrollo urbano.

También en esta nueva ley federal se detallan los principios para generar la transformación de la movilidad urbana (Artículo 73); principios que, si los Diputados de Acción Nacional en nuestra actual Legislatura hubieran considerado, por ninguna razón habrían reformado los artículos 178 y 180 del Código Urbano para permitir controles de acceso en fraccionamientos y conceder en la práctica el cerramiento de colonias…

Entre otras cosas, la nueva legislación federal señala las bases para que a nivel local se generen las herramientas para garantizar la solidez del sistema de planeación urbana, una asignatura donde estamos reprobados los queretanos; esa en conjunto con la gobernanza metropolitana que viene en el Artículo 35, ahora obligatoria y donde nuestros alcaldes conurbados se resisten de acuerdo al color de su partido o en virtud de la carrera electoral hacia la gubernatura.

En su quinto aniversario nuestro Código Urbano pareciera que no tiene ni quien le prenda una velita; parece que no tiene amigos; ha sufrido bullying de varios actores: de los que lo ignoran; de los que no quieren cinturones o lo que es lo mismo, que se institucionalice; de aquellos que no lo aplican y de aquellos que lo prefieren blando e incoercible. Ahora esperemos que los ajustes con la ley federal no signifiquen la oportunidad para que legisladores irresponsables permitan ocurrencias en favor de unos cuantos.

En este escenario, desde Hacer Ciudad y con un gran optimismo queremos desearle un muy feliz cumpleaños a nuestra ley urbana, que a un lustro de su advenimiento sigue a la espera de su adecuada instrumentación.  Y digo con optimismo, pues el Código anterior pasó así veinte años…

 

¿Nos escuchan?… No creo.

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Por MNU y Lic. Gabriel Ballesteros Martínez

Crear ideas. No tenemos donde crear ideas. Los queretanos estamos resolviendo los problemas de la ciudad de manera reactiva. Lo estamos haciendo así desde la época del “error de diciembre”(1994), momento que, según mi punto de vista, establece el antes y el después de nuestra ahora complicada metrópoli, cuando los proyectos de Centro Sur y Centro Norte incubaron en el Fideicomiso QroNos de la administración burguista, y cuando los hermanos Torreslanda comenzaban el exitoso proyecto de Provincia Juriquilla, en el límite norte de la entonces mancha urbana.

Estamos atendiendo la expansión urbana imponiendo una disfunción a otra disfunción; ahora, como no hemos sido capaces de conformar un modelo de gobernabilidad donde prime la coordinación y la inteligencia policial, nuestra Legislatura –sin consultar ni permitir el contraste público de ideas entre la ciudadanía– ha aprobado, imponiendo la mayoría parlamentaria (13 votos azules contra 12 de las minorías), cambios en el Código Urbano que en la práctica terminarán significando la cuasi privatización de la seguridad pública en Querétaro.

De acuerdo con cifras publicadas el 17 de abril en el periódico CodigoQro, en Querétaro hay 4,779 elementos en las instituciones de seguridad pública tanto estatales como municipales. De estos, 2,762 están destinados en los municipios al más elemental de los servicios que presta el estado moderno: la vigilancia, el patrullaje y la inhibición de conductas indeseables en el orden administrativo, o la atención inmediata para repeler o contener la comisión de delitos.

Como no hemos sido capaces de conformar una estrategia integrada y confiable de vigilancia, a pesar de los cientos de millones de pesos que gastamos en armas, tecnología y vehiculos cada año, nuestros Diputados consideraron pertinente otorgarle –a quien tenga con qué pagarla– la posibilidad de poner garitas y controles de acceso a las colonias que “pasen” los criterios que habrán de establecer sendos reglamentos municipales, mismos que desde ahora anticipamos garantizarán una visión segregacionista y clasista de nuestras ciudades, donde el contraste entre los ricos y los pobres se acentúe más cada día.

Según las cifras justifcativas que utilizó el Alcalde Marcos Agular Vega al presentar su Iniciativa al Congreso, en más o menos veinticinco años llegó a 54 el número de colonias que se fueron cerrando ilegalmente en el Municipio de Querétaro. A estas islas urbanas les pusimos el apodo de “cerramientos tolerados” mientras volteabamos para otro lado para no ver lo evidente:  el ritmo del crecimiento y la mezcla social de aquella ciudad provinciana nos estaba rebasando. Nos está rebasando.

Y es que cada vez que una ola de robos a casa habitación asola una zona de la ciudad, viene el reclamo de las organziaciones vecinales, y los presidentes municipales, asesorados por sus jefes policiacos, dan su brazo a torcer, permitiendo bardeos y la instalación de casetas “de seguridad” sobre camellones y el propio arroyo de la vialidad. El fatídico ejemplo lo puso entonces la Colonía del Valle, Álamos Primera Sección y Huertas del Carmen, amén de otros cotos más pequeños en Corregidora o San Juan del Río. Desde entonces “cerrar la colonia” es un argumento en reuniones de vecinos cuando se analiza qué hacer ante el último atraco.

La industria inmobiliaria fue sensible al fenómeno. En cuanto la economía nacional volvió a ofrecer crédito a los vivienderos (año 2005 aproximadamente) se llegó al extremo que cualquier nuevo proyecto presentado en las oficinas de Desarrollo Urbano, no siendo estrictamente condominal, ya se aprobaba a sabiendas que tendría barda y estaría controlado el acceso a las vialidades públicas. A la voz de “sin bardas no hay ventas”, la fuerza de ventas de las desarrolladoras consolidó la idea aspiracional de la colonia residencial exclusiva cerrada; concepto que aunque se vale en lo mercantil, ha abonado la semilla del padecimiento urbano del nuevo Querétaro: la intolerancia.

Todos hemos puesto un granito de arena para llevar esta disfunción al extremo. Mientras que proyectos como el Instituto Metropolitano de Planeación, o los varios embates para conformar uno a nivel estatal han sido boicoteados, resulta que ahora regularizar el control de acceso en fraccionamientos, y la instalación de casetas de seguridad, se convirtió en un triunfo político de la autoridad en beneficio de la ciudadanía, con el surreal argumento de que “nos escuchan”,  aunque en la realidad esta medida tienda a quitarle al Estado una de sus responsabilidades elementales. No nos extrañe, en breve, que los políticos comiencen a alegar a quien reclame servicios y seguridad pública dentro de esas comunidades que se hayan acogido al cerramiento, que “controlar tu pedacito de ciudad tiene sus consencuencias…”. A saber, es muy posible que con la oportunidad de poner controles de acceso también se hayan trasladado otras responsabilidades a los peticionarios…

Insistir en la creación de un Instituto de Planeación Urbana, de secretariados técnicos ciudadanos, no es una necedad, es una necesidad. Necesitamos un lugar donde discutir, un esquema eficiente de planeación que inhiba que la solución de una disfunción sea otra disfunción. Un lugar donde se haga público el debate y no solo gubernamental.

Y es que existen estrategias para no enjaularnos, modelos que van desde la consolidación de una cultura de la autoseguridad hasta los centros de inteligencia policial “C-5’s” y demás abreviaturas. Antes de dejar en manos de las empresas de seguridad privada la sociabilidad, debimos haber intentado con mayor esmero construir un modelo de seguridad pública eficaz; extendido en todo el territorio municipal. Quizá cuatro presidentes municipales buscando ser gobernadores, tres sin concluir su periodo, no le hicieron bien a la organziación policiaca; quizá fueron muchas interrupciones, muchos “volveremos a empezar”.

Si quienes dirigen escuchan bien, debieron escuchar “protégenos”, “bríndanos seguridad”, “dame certeza que mis bienes están seguros a mi alrededor”, y no dame el control de acceso a mi isla y permíteme auscultar a cualquiera que pretenda pasar frente a mi casa. Por todo esto puedo concluir con una pregunta: ¿Nos escuchan?… Yo no creo. En esta ocasión, como en muchas otras, ha campeado el cálculo político que aprovechando la ignorancia del fondo del problema, provocó que le dijeran a la gente, tú me lo pides, yo te lo doy (aunque no te convenga).