Juegos de poder sobre la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos

Hace un par de semanas, en un paquete de iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se propuso sectorizar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la Secretaría de Energía. Es decir, que dichas comisiones, hasta hoy órganos autónomos, tendrían como superior a la Secretaría de Energía. Esta iniciativa no prosperó, en el Congreso se resolvió que ambos órganos deben permanecer constitucionalmente autónomos.
El embate para subordinar a estos órganos ahora pasa por inducir la renuncia de sus comisionados para incluir personajes afines al gobierno entrante. Prueba de ello es la reciente renuncia de Juan Carlos Zepeda, titular de la CNH, y la presión que se ejerce sobre los miembros de la CRE para obtener renuncias similares. El mensaje de fondo es que lo que no se consiguió democráticamente en el Congreso, ahora se pretende imponer por la fuerza de la presión personal.
Estas comisiones ejercen sus funciones como órganos reguladores de los dos grandes sectores de la energía: los hidrocarburos y la electricidad. Sus roles son particularmente importantes para el libre mercado que se consolidó con la reforma energética: velan por su correcto funcionamiento desde una perspectiva técnica e imparcial, participan en la emisión de las reglas que aplican a los mercados, y finalmente son los árbitros que supervisan y dirigen el juego de los participantes en los sectores energéticos.
El correcto desarrollo de sus funciones es garantía para un libre mercado, justo e imparcial, elemento indispensable para la confianza de los participantes del sector, cuyo desempeño termina por impactarnos a todos, aún indirectamente. En pocas palabras, la confianza y la imparcialidad de estas comisiones es clave para incentivar el desarrollo del sector energético en el país.
La iniciativa que daría lugar a la sectorización de la CRE y de la CNH habría eliminado la autonomía real de estos órganos, integrándolos en un organigrama de criterios y decisiones políticas, subordinándolos a una cabeza política con jerarquía y poder suficiente para poner en entredicho su carácter de reguladores imparciales. La presión para conseguir la renuncia de los comisionados no elimina formalmente la autonomía de estos órganos, pero sí pretende eliminarla de facto, posiblemente para dar paso a personajes dispuestos a actuar como mejor lo estime el gobierno entrante, y no necesariamente conforme a la lógica e imparcialidad que requieren los mercados energéticos.
En la regulación de los mercados energéticos se está cocinando la receta perfecta para minar la confianza de estos sectores y ahuyentar o disminuir el ánimo de participar en ellos. Si no hay garantías de un piso parejo, imparcial y objetivo para los participantes de este sector, es de esperarse que los mercados energéticos terminarán siendo un fracaso, o al menos que no desarrollarán el potencial que podrían haber alcanzado. Eso nos acabará por pesar a todos.
Minar la confianza en los mercados energéticos quitándole de facto autonomía a sus órganos reguladores al imponer personajes a modo, podría ser el primer paso para dinamitar uno de los sectores más prometedores de la economía mexicana, y de uno de los pilares del desarrollo sustentable del país.

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