Por Manuel Mureddu González

Hace un par de semanas escribía sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y sobre los enormes retos que en este tema se avecinan a nivel nacional e internacional. No obstante, muy probablemente el principal reto al que nos enfrentamos es el del cambio climático, un tema inagotable al que podríamos destinar decenas de páginas.

Sin embargo, en esta ocasión quiero concentrarme en atraer la atención del lector en uno de dos interesantes modelos que han sido utilizados a lo largo de la geografía mundial para apostar a la reducción de las emisiones de carbono: el modelo de mercado conocido como cap-and-trade, que no es otra cosa que un sistema de comercio de emisiones. Más adelante hablaremos de un modelo de gravamen conocido como carbon tax, o impuesto al carbono.

El modelo de cap-and-trade, con exponentes funcionando en Europa y California, es un modelo basado en mecanismos de mercado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (y en particular de carbono), permitiendo a los participantes del mercado hacerlo de la manera más flexible y rentable posible.

En esencia, lo que hace es plantear desde el gobierno un límite general a las emisiones de carbono dentro de un cierto territorio, distribuir los derechos de dichas emisiones entre los diversos participantes del mercado e instituir un mercado formal dentro del cual los tenedores de estos derechos podrán comercializarlos. Este modelo tiene diversos elementos que lo hacen atractivo para constituirlo como una política ambiental: primero, que de manera objetiva plantea una meta de reducción de emisiones; todo el sistema gira alrededor de un límite que debe ser cumplido y disminuido de manera progresiva. Y segundo, que brinda a los participantes incentivos y flexibilidad para apostar a la reducción de emisiones.

Aquellos para quienes resulta menos costoso reducir sus emisiones, tienen razones para hacerlo y comercializar sus derechos. Y entonces aquellos a quienes resulta más costoso hacerlo, pueden aprovechar el modelo de mercado para adquirir estos derechos de otros que no han tenido que usarlos al poder reducir sus emisiones. El modelo pretende brindar un cierto equilibrio y puede ser una solución efectiva al problema de los comunes, que es típico de las afectaciones medioambientales.

Sin embargo, una de las claves del éxito de este modelo es la capacidad efectiva de monitorear la exclusividad de las emisiones dentro del contexto del mercado. Esta es una labor que requiere una implementación seria de tecnología, y una importante fuerza del Estado para hacer cumplir las reglas del modelo.

Si bien estos párrafos apenas sirven como una brevísima introducción al modelo, es importante traerlas a la atención del lector pues el cap-and-trade será pronto una realidad en México. En diciembre de 2017 se reformó el artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático para convertir al sistema de comercio de emisiones en un mecanismo de participación obligatoria para ciertos sectores, y en julio de 2018 se establecieron las reglas transitorias sobre las cuales debe prepararse la entrada en vigor de este modelo, incluida la creación de un programa de prueba, y la obligación de emitir las bases preliminares sobre las que eventualmente habrá de funcionar este modelo de manera oficial.

Hablar del sistema de comercio de emisiones pronto tendrá que pasar a formar parte del léxico cotidiano de quienes se dedican a la política, al cumplimiento y a la regulación ambiental en México.