Por MNU y Lic. Gabriel Ballesteros Martínez

El pasado 27 de abril se aprobaron reformas a nuestra Constitución en materia de planeación y gestión urbana, las cuales (en cuanto entren en vigor) cambiarán en forma radical las reglas con las que hasta hoy se controla el fenómeno metropolitano en nuestro país. La pregunta que siempre queda… ¿cambiarán también las actitudes de aquellos que se sienten dueños del futuro de Querétaro? o seguirán en plan egoísta buscando la manera de esquivar su responsabilidad social…

Muchas son las propuestas legislativas que se han presentado con el noble propósito de balancear el profundo problema estructural, político y económico que tenemos por cuanto ve a la Ciudad, el uso del suelo y el transporte público. 18 años llevamos revisando el Código Urbano. Desprecio ha sido la conducta constante, asfixia metropolitana y pérdida de calidad de vida, el resultado lamentable.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas constitucionales que si bien es cierto habrán de vivir el vía crucis hasta su vigencia, son ya en sí mismas un avance extraordinario para replantear y refundar la política urbana de nuestro país. A partir de ahora el “fenómeno metropolitano” adquiere categoría de concepto legal; esto obligará a los municipios conurbados a planear y gestionar la ciudad de manera conjunta, limitando su capacidad individual en los cabildos a cambiar usos de suelo, así nada más por qué sí.

De la misma manera, se nos reconoce a todos los ciudadanos una nueva garantía individual que se traduce en el derecho funcional a la Ciudad. Palabras más palabras menos, tendremos la oportunidad de participar, impulsar e inhibir cuando sea oportuno las decisiones, por cuanto ve a la forma, extensión y métodos de administración de la urbe. Y es que este derecho es nuestro, lo que pasa es que se encontraba difuso en el sistema y eso daba la oportunidad a los detentadores del poder y el capital a tomar decisiones parciales, convenientes y reiteradamente caprichosas, pero no ilegales.

La emisión de una nueva ley no es la panacea ni con ello se extinguen los efectos de la inercia que por años nos ha llevado a conformar las ciudades hostiles, excluyentes y caras que tenemos, pero si es un rayo de esperanza para que a partir de un debate frontal, los diversos intereses de la sociedad puedan encontrar un punto de convergencia. Estoy contento.

La reforma constitucional revive –definitivamente—la rectoría del Estado sobre el proceso de planeación y el ordenamiento del territorio. En fácil, el gobierno recupera de la iniciativa privada tanto la oportunidad como la obligación de dirigir el suelo con visión de largo plazo y en base al interés público. Se abre una oportunidad también al espacio público y la mejoría sustancial de algunos servicios esenciales.

No obstante mi algarabía, las actitudes me preocupan. Nada lograrán pero es de esperarse que algunos busquen el retraso de lo inevitable. Es de esperarse que algunos presidentes municipales, reyezuelos a merced de los señores feudales que controlan su vida, tiendan a oponer resistencia. Algunos gobernadores, esperemos no sea nuestro caso, buscarán acomodar los nuevos elementos institucionales de modo que no los limiten. Por su parte, es también posible que la iniciativa privada depredadora –que hay casos—busque en el “gatopardismo” hacer lo mismo (especular) aparentando que ha cambiado. Mucho falta por detallar…

Igual y me equivoco, quién sabe? Por lo pronto seguiré echando serpentinas y confeti, esperando que los encargados de terminar el proyecto de Código Urbano, tomen en cuenta lo que ya a nivel federal se logró y no limiten su visión tan solo a poner de acuerdo a los mismos personajes que desde hace varios años, parecieran no querer un nuevo esquema de relaciones por temor a perder su status quo.