Sedatu otra vez tarde
Este miércoles se presentó a un reeditado Consejo Nacional el proyecto del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, instrumento que viene con retraso, más allá de los plazos que señala la legislación en materia de planeación, ante la severa crisis hídrica, de suelo urbano y conectividad que viven las urbes del país. Pareciera que Sedatu no arranca, más allá del programa de apoyo a 15 ciudades intermedias anunciado aun antes de la toma de protesta de AMLO y la infinidad de convenios que se firman a la semana con alcaldes para aplicar los más de 5 mil millones de pesos que el presidente asignó como consideró oportuno.
Y es que la implementación de la (ya no tan) Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (28/11/2016) va a paso de tortuga, mientras que en varias entidades federativas ya actualizaron su programa estatal y están trabajando en los municipales. Esto nos lleva a cuestionar qué va a suceder si existe incongruencia entre estos trabajos y el programa nacional que se libere hacia el mes de diciembre de este año.
Despierta la razonable suspicacia que algo no anda bien, la reciente renuncia del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Armando Rosales García, quien era hasta los últimos días de septiembre pieza clave del replanteamiento que intenta Meyer Falcón sobre la desvencijada Sedatu que heredó de Rosario Robles, hoy sujeta a proceso por la llamada “Estafa maestra”.
Y es que este programa que no es de mucho ‘rating’ noticioso, resulta ser uno de los de mayor importancia para el gasto público federal, pues es transversal a varios fondos federales de infraestructura, mejoramiento, planeación y fortalecimiento institucional. Sin parecerlo, el programa que apenas se encuentra en proyecto y que posiblemente no salga con el Presupuesto 2020, vendrá a ocasionar la modificación de las reglas de operación de algunos de estos fondos, entre ellos el famoso Fondo Metropolitano, y con ello, el modelo de manejo de recursos para los gobernadores y los alcaldes de las poblaciones superiores a 100 mil habitantes.
En pésimo momento le llega esta renuncia al más joven secretario del gabinete federal, cuando la percepción en el sector es que no se identifican ni los perfiles, ni las estrategias más allá del discurso.
Este programa tiene como fin consolidar la regionalización funcional del territorio. Apoyar a las entidades federativas y a los municipios en la conformación de un sistema regulatorio homogéneo del mundo inmobiliario y su interfase con el suelo rural periférico de las ciudades; asimismo tiene que sentar las bases para la construcción efectiva del anhelado Sistema Nacional de Información Urbana.
Su importancia es mayúscula para asimilar e imponer a los alcaldes conurbados la gobernanza metropolitana y con ello originar la transformación de los clásicos instrumentos de gestión y financiamiento de las ciudades.
Si bien el problema de recuperar la vivienda abandonada y atender los asentamientos irregulares es un reto que se ha fijado la 4T, no puede dejarse para despues el largo catálogo de otras importantes tareas que este tardío programa deberá institucionalizar, aunque la rentabilidad política no sea tan jugosa.
