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El Arte de concertar (Segunda Parte)

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Por M.N.U. y Lic. Gabriel Ballesteros Martínez
Recientemente los regidores del PRI en el Municipio de Querétaro declararon que van a proponer un reglamento para recaudar la opinión ciudadana respecto de la obra pública y el uso del suelo. La idea es de celebrarse y valdría la pena apoyarla siempre y cuando el enfoque no sea meramente  electorero,  pues la gente no es un balón para echarse una “cascarita” política contra el alcalde.
La ciudad es obra de mil y un arquitectos. Una obra inacabada que vamos dirigiendo todos,  cada cual como mejor nos parece. En esta babel,  con frecuencia se impone la ley de la selva. La del más  fuerte, la del más conectado. La del más insistente, la del más cerrado. Mi creencia particular es que podemos cambiar el modelo y construir poco a poco un diálogo sobre sistemas de participación abiertos y transparentes. ¿Quién sabe? con suerte  y no repetimos el modelo que de seguir como vamos, inexorablemente imitaremos: un D.F. chiquito, con problemas menos caros pero igual de disminuidos en cuanto a calidad de vida; una metrópoli feroz, socialmente fragmentada y muy difícil de financiar.
El diseño participativo,  es un conjunto de técnicas que nos puede ayudar a redefinir la realidad; es un modelo para estructurar el diálogo ciudadano sobre la base de propuestas urbanas que surjan legítimamente de la opinión pública.  Información, diálogo y prioridad. La obra pública no puede planearse sobre la base empírica de solo creer que es necesaria. Con frecuencia la gente quiere otra cosa antes que el puente o el auditorio.  El diseño participativo asegura que las inversiones se hagan con el mayor beneficio social posible,  pero sobre todo  con pertinencia en cuanto a su dimensión, ubicación y estructura. No hay que tener miedo a que la gente diga cómo cree que deben hacerse las cosas. La política urbana puede nutrirse del siempre sorprendente  sentido común.
A los regidores que estén diseñando la propuesta, hay que pedirles que se aseguren que las condiciones del diálogo sean parejas. Que la opinión vecinal se pida antes de que se paguen sumas cuantiosas en estudios y planos. Que la oportunidad de hacer cambios a lo propuesto sea real y que los momentos sean definidos para que ni vecinos ni autoridades puedan extorsionarse entre si.
Hay que pedirles también,  que al modelo de consulta se le incluyan técnicas  como el taller de diseño ciudadano –sin ases bajo la manga–  dejando con sinceridad que la gente exprese sus razones por necias que puedan resultar. En el caso de Arboledas que supongo seguirá en  Derechos Humanos, hubiera sido muy atinado abrir el expediente antes de iniciar los trabajos de los estacionamientos; sin embargo, no hay responsabilidad de nadie pues no es una obligación determinada;  si bien hoy aparece en la Ley de Planeación que los ciudadanos deben ser convocados a “tomar” la decisión de la obra pública, no dice ni cómo  ni cuándo.   Otro asunto “ni-ni” para la araña…
Y ya que van a dedicarse a realizar una propuesta (porque estamos seguros que no fue pura grilla municipal) les sugerimos le entren de una vez al análisis de una Procuraduría del Desarrollo Urbano como la tienen Guanajuato o Jalisco. Échenle un ojo a esta institución que más allá de un simple ombudsman urbano,  es una estructura que vertebra el desarrollo urbano en su planeación, autorización y ejecución.  No hay que darle muchas vueltas, es fácil quitarnos lo  nemboc (no- en –  mi – barrio/colonia) y también es fácil someter a la autoridad al diálogo y la transparencia… solo falta que la autoridad quiera. Si ustedes ya se comprometieron, que son la autoridad,  pues ya nada más falta ver el proyecto reglamentario para dar nuestra opinión.
P.D. Una obra de consulta sobre este tema que recomendamos,  es “La Participación en el Diseño Urbano y Arquitectónico en la Producción Social del  Habitat” del CYTED (2004), el nombre es muy apantallador pero la obra muy sencilla.


Póngale y Póngale (impuesto de plusvalías)

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Por Gabriel Ballesteros Martínez
Como jugando a la pirinola,  en Querétaro hay a quienes les ha tocado toma todo y a los que nos ha salido siempre todos ponen. En materia de infraestructura y equipamiento urbano, la ausencia de planeación pública y la curiosa inobservancia del Impuesto por Obras de Utilidad Pública que precisa nuestra ley urbana, han perfilado nuestro desarrollo urbano como un ejercicio inequitativo, caprichoso y especulativo. 
Si reglas no nos faltan, lo que nos ha faltado es entendimiento, participación genuina y una dosis de buena fe. Desde 1992 tenemos vigente un impuesto de plusvalías que de aplicarse serviría para recuperar algo del dinero que gastamos en obra pública, la cual con inquietante frecuencia en los últimos 12 años solo beneficia a tantos como que los dedos de las manos nos sobrarían para contarlos.
Este impuesto, que se cuantificaría sobre el principio del mutuo acuerdo –raro en un impuesto– establece que los beneficiarios, es decir aquellos que se encuentren en la zona de influencia de una inversión pública, deberán pagar proporcionalmente. Llámese una plaza, una Ciudad de las Artes,  una Anillo Fray Junipero, un drenaje o un tubo como el acuaférico o el Acueducto II, técnicamente debemos pagar parte de lo que esta obra cueste o una proporción de lo que nos beneficia, pues nuestra propiedad –privada– forzosamente se revaluará y obtendremos, gracias al dinero de todos,  un beneficio particular.
La teoría es preciosa pero en la realidad pasa otra cosa. Este impuesto no se cobra; ni siquiera está considerado en la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para 2010. Ante esta curiosidad fiscal, quien escribe se puso a buscar (espero no haber omitido algún documento pues confieso no es mi área de especialidad) en los diferentes convenios de coordinación fiscal que nuestra entidad ha firmado con la SHCP y no pude encontrar uno que diga que se suspende su cobro por implicar una doble tributación al chocar este impuesto local con uno federal del que ya recibamos participaciones, como pasa con otros.
No, no lo encontré… Lo que si apareció fueron los planes parciales de desarrollo urbano de las administraciones municipales de Colón y Jalpan (2006-2009), razón por la que intuyo su vigencia,  donde mencionan que …“Con la finalidad de promover la participación activa de la población en el mejoramiento de su calidad de vida, deberán promoverse programas y acciones tendientes a la realización de obras de mejoramiento en la infraestructura y los servicios públicos, procurando la gestión de fuentes de financiamiento alternativas, entre ellas, la contribución por mejoras que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción IV y el Código Urbano en su Título Quinto Capítulo III relativo al Impuesto por obras de utilidad pública urbana”. 
Sé que habrá quien se pregunte ¿¡cómo qué más impuestos!? pero querido lector, no se alarme, de todas formas paga Usted  de algún modo, ya sea aquí o en el ámbito federal,  pues de algún lado han salido los 17 mil 500 millones de pesos del presupuesto del Estado de Querétaro para este año, de los cuales para obra pública se destina cerca del 6%.
Tanto la especulación de suelos como la charrería parecieran ser  nuestros orgullosos deportes nacionales. La Zona Metropolitana de la Ciudad Querétaro,  como casi todas las ciudades medias en crecimiento del país, resultan escenarios mundialistas donde podemos identificar a los mejores exponentes de estas disciplinas. Que se hagan negocios, que bueno; no tenemos nada contra ellos, pero tampoco porque aplaudirles. Entiendo bien que crean empleo y mueven la economía; sin embargo, impuestos como el inobservado que motiva esta entrega, tienen el objetivo de que el erario público se recupere para que no se eleve el predial; para no tener que andar pidiendo créditos a BANOBRAS o inventando impuestos sobre nóminas que solo regraban al que de por sí ya le pone para poder hacer la Ciudad.  
Si mediante un impuesto razonable y construido de común acuerdo como señala nuestro Código Urbano actual,  metemos al presupuesto el concepto de la plusvalía,  todos ganamos, pues ese beneficio –convertido en dinero–  en lugar de irse por el lado obscuro de la fuerza, sería etiquetado de manera negociada en el Congreso y se aplicaría donde la planeación del desarrollo lo considere conveniente.
Si la idea es que la planeación sea participativa, ¿qué miedo podríamos tener de equivocarnos? Ahora que vamos a tocar el Código Urbano porqué no jugamos al póngale y póngale en lugar de todos ponen y yo gano. Como ve?.  

Vargas Llosa no tiene nada que ver

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Por Gabriel Ballesteros Martínez
Respecto del anteproyecto del Nuevo  Código Urbano y su próxima presentación al Ejecutivo del Estado,  después de una breve — brevísima  y casi secreta – “consulta pública”, Mario Vargas Llosa no tiene nada que ver, eso es seguro. Sin embargo ante el regocijo de las letras latinoamericanas por el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a este peruano de excepción,  este columnista ruega a ustedes aceptar una pausa de los asuntos urbanos para compartir la portentosa experiencia de leer al autor de la Fiesta del Chivo y El Paraíso en la Otra Esquina.  
El maestro de los vasos comunicantes, técnica  que expone la truculenta estrategia del narrador y político para entrelazar historias a destiempo en sus novelas, siempre nos regala una abundante lista de personajes reales,   frecuentemente más bien surrealistas. Leerlo con un cuaderno de notas no es una mala idea para quien quiere aventurarse en el laberíntico collage de hombres y mujeres esculpidos en  presente,  pasado y futuro. Como cuando la niña Cabral, aquella mozuela ofrecida al prohombre,  vuelve a la República Dominicana y narra cómo el roce con Leonidas Trujillo fastidió su vida, la tiene marcada y la seguirá ensombreciendo porque está segura de no poder perdonar a su padre. En algunos párrafos los tres tiempos intensamente mezclados llegan a marear al lector que no sabe si Ramses vive, ha muerto o sigue siendo el mocoso primogénito del Dictador.
Mientras que las letras hispanas han sido reconocidas nuevamente,  la realidad política que con frecuencia reflejan, sigue siendo una fuente interminable de musas que inspiran la crítica de elocuentes escribanos del Perú, España  y México. Lamentable pero cierto,  la política y la manera como nos prodigamos el poder en las tierras del  centro y Sudamérica no es más que un revolvente círculo,  donde quien se encumbra entre ideales y acusaciones, se va de la silla por la puerta de atrás y con los bolsillos llenos, si es que no le dan un golpe de estado.
Vargas Llosa no tiene nada que ver, eso es seguro. Que va a saber el nuevo nobel de los negocios inmobiliarios que están ensanchando las metrópolis mexicanas y de los cuales surge el dinero para patrocinar la vida electoral nacional; sin embrago,  en su obra se advierte siempre una preocupación por desterrar lo corrupto de nuestro DNA y someter el abuso del poder a la transparencia; su grito permanente para impedir que se siga socavando el enorme potencial americano.
Quien se expresara alguna vez sobre nuestro sistema político como la dictadura perfecta o la “dictablanda”, hoy es reconocido por la persistencia de una obra que entre prostitutas y trogloditas, expone a lo largo de casi 50 años un gran amor por lo que somos;  por la profunda vocación latinoamericana para el desorden y la autolimitación. Su premio es hoy una llamada de atención pública a reflexionar sobre la seguridad que tendríamos de vivir plenamente en la  institucionalidad y la razón de las normas. Deducir el cómo  nos toca a nosotros, Vargas Llosa insisto, no tiene nada que ver.
P.D. Se me hace que las banquetas del cruce principal bajo Bernardo Quintana en el nuevo Distribuidor Bicentenario  se las ahorraron igual que la vuelta a la izquierda para ir del Qiu hacia el Corregidora (¿?).

Obras Públicas sin política urbana

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Por Gabriel Ballesteros Martínez

 

Tenemos 10 años construyendo obras públicas con una política urbana difusa, sin una visión de largo plazo que acompañe y conduzca nuestras inversiones hacia la integración económica y la prosperidad del Estado en su conjunto. En la última década, nuestras inversiones por lo general han respondido a la emergencia, a la intención icónica de dejar huella o a la solución de problemas en la red urbana derivados de la falta de planeación o la negligencia. No ha habido la continuidad de un proyecto general para la Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro.

 

 

La política urbana es el vínculo que tienen el desarrollo social, el crecimiento económico y la forma de la Ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que en Querétaro se hizo un trabajo serio de política urbana? Es difícil decirlo pues cada uno de nuestros gobernantes diría que en su periodo. Me atrevo a afirmar que la última vez que lo intentamos correctamente fue cuando se diseño QroNos, el fideicomiso público que antes de comenzar su periodo constitucional, el Lic. Enrique Burgos ya tenía estructurado y sobre el cual recaería la tarea de gestionar el plan de la Ciudad de Querétaro por lo siguientes 25 años: Centro Norte, Centro Sur, las prolongaciones de Av. Zaragoza y Corregidora, la Nueva Central Camionera; el Distribuidor vial y la zona comercial de Bernardo Quintana con Pie de la Cuesta fueron, entre otras, obras públicas y decisiones urbanas con propósito, con vinculación, que ameritaron mucho valor, pues el endeudamiento que se contrató para realizarlas no fue cosa de tomarse a la ligera.

 

 

Mientras que esas obras impulsaban la Ciudad moderna, en el Centro Histórico con el Programa Cien Ciudades de SEDESOL se complementaba el rescate del primer cuadro iniciado por el querido Don Rafael “el Negro” Camacho. Al mismo tiempo, en otro lado de la mancha urbana, mezclando recursos públicos, haciendo cambalache de terrenos y convenciendo a la iniciativa privada, hubo otro ejercicio exitoso: se impulsó en Juriquilla el polo de investigación científica más importante del país y con ello, el despegue definitivo de la ciudad satélite con ingeniosas y atrevidas inversiones de los hermanos Torreslanda. La vinculación de la UNAM, la U.A.Q., la Universidad del Valle de México y el CINVESTAV del Politécnico Nacional, situaron a Querétaro en el escenario de la academia nacional y a Provincia Juriquilla como un ejemplo de atracción turística alternativo a las playas mexicanas.

 

 

Todo iba muy bien hasta que vino el error de diciembre en 1994; de la política urbana solo quedaron algunos planos porque se acabo el dinero para la obra. QroNos terminaría el sexenio siendo un fideicomiso de garantía para pagar la deuda pública con Banobras, en lugar de una estrategia de promoción y coinversión con la iniciativa privada; Centro Sur, entre otras grandes y lamentables consecuencias, quedaría a medias.

 

 

Habrá quien diga lo contrario pero después de esa época todo ha sido deshilvanado –con buenas intenciones pero deshilvanado–. Hacia el año 2000 en el Gobierno del Ing. Loyola, los ojos de la obra pública se pusieron en el cielo. El Aeropuerto Intercontinental centró la atención y el dinero de los queretanos. No menos relevante en su momento, al mismo tiempo nos desayunábamos con el conflicto de la Feria que duró casi un año. Se había decidido que los ganaderos no eran dueños del aguinaldo de los queretanos y les quitaron temporalmente la concesión. Había que hacer un nuevo recinto ferial pues el antiguo se le rentó al Poder Judicial (que se supone iba en Centro Sur) y por tanto, se tranzó rápidamente un terreno con El Municipio de El Marques. En tiempo record se hizo el nuevo escenario decembrino, con la mejor intención, pero sin resolver su desconexión con la Zona Metropolitana. Largas, muy largas son las filas para ir y volver cuando en el teatro del pueblo se presenta la Banda el Recodo, el Tri de Alex Lora o Pasito Duranguense.

 

Luego, mientras unas aguas llegaron otras nomas no llegan. El 25 de agosto y el 3 de septiembre de 2003 cayeron sobre la Ciudad de Querétaro tormentas escandalosas. A consecuencia de una infraestructura pluvial rebasada al interior de la Ciudad y de un rezago en la contención pluvial por medio de bordos y represas en el campo circunvecino, Carrillo Puerto y parte de la Ciudad estuvo bajo el agua una semana como hoy lo está la también Ciudad Patrimonio Tlacotalpan. Le tuvimos que dar cristiana sepultura a casi 1000 millones de pesos en drenes chicos medianos y grandes por toda la Ciudad… Por entonces surgió la idea del “Acuaférico” y las bombonas de la red de distribución celular de la CEA pero no se ha podido concretar el gran proyecto porque falta el líquido. Después de más de 200 kilómetros de tubo, mil broncas y auditorías, será el Gobernador Calzada quien por fin le abra la llave al Acueducto II.

 

 

El Centro Cívico es otro ejemplo de obra pública que puede tomarse para referir que la política urbana es en todo caso y si la hay, trianual: cuando apenas comenzaban a consolidarse las siete delegaciones municipales en que los ayuntamientos del Dr. Alfonso Ballesteros y Jesús Rodríguez habían dividido el Municipio para aproximar las decisiones territorialmente a la gente, se decidió la construcción del Centro Cívico. Interesante edificio que con la mejor intención trajo beneficios a la burocracia pues todos los secretarios y directores quedaron juntitos. No obstante lo anterior, para algunos ciudadanos la percepción es que se enclaustró a la autoridad allá en el cerro del Cimatario. A mí me cae bien no “le aunque” se haya rediseñado costosamente; que no tenga plaza cívica ni estacionamiento suficiente o que su estupendo jardín sea un desperdicio pues solo se usa para honores a la bandera los lunes como a las 8.

 

Otro de los grandes cuestionamientos de la obra pública reciente es el Centro de Convenciones que al parecer iba mejor en donde está la Biblioteca Gómez Morín, donde estuvo la vieja Central Camionera. Igualmente, nos preguntamos, en caso de necesitar un Parque como el Bicentenario, ¿por qué se hizo en la esquina de la Zona Metropolitana? o ¿por qué se planeo un teatro monumental en zona de preservación ecológica, sin darle valor real al suelo ni beneficiar a más población con su impacto? O también ¿cuál fue la razón para no hacer un puente más en Paseo Constituyentes para entrar al Pueblito?

 

Más allá de reproches o de las respuestas que seguramente tienen estos cuestionamientos, está la evidencia de un debilitado ejercicio de diálogo para definir la política urbana. La necesidad de sacar la obra pública del misterio de la “información privilegiada” sexenal, está aquí y en todo el país. Los Consejos de Participación Ciudadana tienen una relativa inherencia, las cámaras y los colegios están luchando por su lugar en la mesa y si bien son consultados, la cultura del diálogo está floja. Resulta estratégico escuchar a la gente. A través del Copladeq y los Copladems los gobiernos pueden mantener sus prioridades actualizadas, preguntando a los ciudadanos y usuarios directos para saber lo que necesita la Ciudad. No cuesta, es más seguro, de hecho es sorprendente lo que la comunidad puede opinar aunque no sea un experto. Quizá en lugar de una gran obra, podrían hacerse muchas pequeñitas y medianas, y así, sin obras icónicas ni legados majestuosos, pensando al revés, se podría tener éxito… hasta en lo electoral.

¿Pugna Inminente? (tercera y última parte)

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Por Gabriel Ballesteros Martínez

Para que se de una verdadera reforma y no solo una pugna de intereses que al encontrar su propio y particular equilibrio, decidan nada más darle una “manita de gato” al Código Urbano, necesitamos que el próximo debate legislativo incluya ideas que reparen el confortable desorden actual y sometan, desde sus cimientos, la ley a un nuevo enfoque para el desarrollo urbano sustentable de las ciudades del Estado de Querétaro. La base, por tanto, debe ser el interés público.

Agradecido por muchos comentarios a las dos primeras entregas de esta serie, en esta tercera y última parte dejo de revisar la historia y criticar la actuación de los servidores públicos, entre los que en algún momento me encontré, para proponer algunas ideas concretas:
Una ciudad chaparra y extendida nos sale muy cara. Darle agua, luz, seguridad y limpieza a una mancha urbana que en promedio habitamos 50 personas por hectárea, es obligadamente un reto diario para las administraciones municipales. Hoy tenemos casi 20,000 hectáreas integradas a la zona metropolitana de la Ciudad de Querétaro; por tanto, debemos ajustar la ley para incentivar fiscalmente y dentro de los esquemas de planeación, el relleno de los vacios urbanos, antes que la integración de más parcelas y, asimismo, favorecer la verticalidad del desarrollo, edificando en tres o cuatro pisos cuando menos y con una mezcla de tipos de uso de suelo en cada edificio.
Es muy importante generar una política de suelo. Mediante la ley debemos incidir en el mercado inmobiliario para desacelerar, que no eliminar, el tipo de desarrollo que pretende imitar el suburbio americano. Ellos mismos curiosamente, están renunciando a él y a los terceros pisos de su “jayweys”. Por qué no pensar en vez de un incipiente jardín de 2 x 3 por familia, en parques de barrio, plazas y generosas áreas verdes con instalaciones recreativas y deportivas comunes de calidad. Para lograr esto y fomentar un mejor uso del elemento suelo, debemos integrar a nuestra legislación la “transferencia de potencialidad”, que en cristiano se trata de una idea que permite balancear el uso del suelo “pasándole” a los suelos vecinos de aquel infra utilizado, la capacidad de ser edificados sumando la intensidad que el otro desaprovechó.
Dentro de este subtema de la reforma, es necesario establecer las normas necesarias para que el Estado destine recursos públicos para la compra de reservas territoriales, de tal forma que el suelo que sigue por incorporarse a la urbe, no sea susceptible de especulación. La creación de una Bolsa (pública) de Suelo Urbanizable, permitirá que nadie tenga la tentación de “engordar” suelo aprovechando el dinero de los queretanos para habilitarlo y después de un tiempo llevarse la plusvalía sin trabajar.
Otra idea que merece impulso es la regeneración urbana. Rescatar las construcciones que ya sirvieron y reconstruir donde ya está la infraestructura, donde ya existe una red, donde ya está el transporte, es una estupenda oportunidad de negocio y asimismo favorece la oportunidad de cambiar la fisonomía de un barrio. Con incentivos de obra pública y facilitación de cierto tipo de crédito, podemos volver atractivo este modelo y así regresarle su valor a muchos suelos, al tiempo que podría desarrollarse de manera mejor el entramado social en muchas zonas.
En esta revisión se tiene que lograr un Código Urbano capaz de hacerse cumplir. Así como es imperioso que los asentamientos irregulares no sigan multiplicándose, es imperioso que la gente tenga la capacidad de detener edificaciones peligrosas o que atenten contra nuestro Derecho a la Ciudad, del que ya hablaremos. La conformación de una Procuraduría del Desarrollo Urbano podría garantizar que todos en lo colectivo o alguien en lo individual, ejerza su condición de tercero perjudicado; condición que podemos adoptar cualquiera y que significa una visión muy urbana de la convivencia. Así como no se valen las oposiciones vecinales a ultranza (contra gasolineras o escuelas por ejemplo), tampoco podemos permitir que el interés de alguien atente contra el valor del suelo de los que ya viven ahí.
La nueva ley deberá también incentivar la peatonalidad y la accesibilidad, estableciendo la obligación de que al momento de autorizar los proyectos inmobiliarios, se garanticen banquetas amplias y seguras. Asimismo que se edifique con infraestructura que apoye a quienes por edad o un problema de motricidad necesitan rampas, elevadores o un distinto tipo de señales, que integre el lenguaje braille por citar un ejemplo.
Otro aspecto deseable de la intervención al Código Urbano, es eliminar trámites y mejorar los esquemas de control y diseño urbano. Una alternativa para lograr este objetivo es incorporar a los profesionistas independientes como certificadores. Ya bien con un modelo a través de los colegios de arquitectos e ingenieros o bien, en un esquema como el que tiene Catastro con los valuadores, de tal manera que se impulse un ágil sistema de revisión de proyectos y autorizaciones para que, de paso, logremos homogeneidad de criterios, fomento a la creatividad y corresponsabilidad. De esta manera, hacer ciudad sería un asunto público y no solo gubernamental.
Por último, aun contra la resistencia comercial, debemos volver a diseñar las ciudades como antes, es decir en barrios. Que todo lo que necesitamos nos quede cerca. La ley y los reglamentos municipales que surjan después, deben privilegiar continuidad del entramado urbano, premiando fiscalmente la creación de fraccionamientos y castigando la desconexión que producen los condominios cerrados. La idea es que todos ganemos: que los inversionistas puedan hacer buenos negocios; que la gente utilice lo mejor posible su crédito inmobiliario comprando una buena casa; que el gobierno gaste el dinero público no para encarecer suelos sino para conectar las comunidades; que tengamos acceso inmediato al transporte público de calidad y que nuestros espacios de convivencia pública estén cerca, sean seguros y atractivos. El nuevo urbanismo parece encontrar su lugar hacia ciudades sustentables financiera y socialmente responsables. Estas son solo algunas ideas con las que podría darse un vuelco en la forma de hacer ciudad. Usted qué opina?…
P.D. No hay que tenerle miedo a una consulta pública seria. Si el trabajo mismo para construir el proyecto de iniciativa de ley no se hace de manera transparente, consultando efectivamente a los actores y destinatarios del Código Urbano, pueden enturbiarse las genuinas intenciones de la reforma. Si al Titular del Ejecutivo le suben un proyecto frio, sin cabildeo con la sociedad y lo quieren envolver en un capelo haciéndole creer que todo mundo estará de acuerdo en la iniciativa, en un ambiente “controlado”, le van a hacer un flaco favor pues podrían caminar sobre las huellas de una pugna inminente.

Pugna inminente (segunda parte)

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Por Gabriel Ballesteros Martínez
¿Dónde estamos?

 

 

En esta segunda parte analizaremos lo que pasó en Querétaro después de la reforma al Artículo 115. Del año 2000 para acá hay datos, cifras y anécdotas dignas de revisar para entender donde estamos.
La reforma, revolucionaria por si misma, se mezclo con la nueva realidad local que trajo la alternancia. El inicio del primer gobierno estatal panista, significó una dura prueba para las relaciones entre los niveles de gobierno. En 2001 obligada constitucionalmente, la LIII Legislatura del Estado que de facto encabezaran Julio Sentíes (PAN), Marco Antonio León (PARM) y Enrique Becerra (PRD), reformó la Ley Orgánica Municipal traduciendo el espíritu del nuevo 115 a la realidad queretana. Se pensó que había quedado muy bien, sin embargo, semanas después de su publicación, cinco municipios impulsados por un grupo de abogados comandados por Arturo Maximiliano García Pérez (hoy Director del IMPLAN y entonces Secretario del Ayuntamiento) interpusieron una controversia constitucional y la ganaron. La sentencia de la Suprema Corte declaró –exclusivamente para los cinco demandantes– nulos más de 90 artículos de la Ley; entre ellos, el 80° que obliga a los municipios a pedirle permiso a la Legislatura para enajenar sus bienes. Sin este freno en 2009, fue posible la venta de cientos de terrenos que se le habían donado para área verde y equipamiento para cubrir deuda y pagar nómina en el Municipio de Querétaro. Están por verse las consecuencias de esta delicada decisión y de esto comentaremos en otra entrega.
Mención relevante y positiva merece Antonio Juan José Gutiérrez Álvarez, Secretario del Ayuntamiento tanto de Rolando García como de Armando Rivera, quien supo llenar los huecos de nuestra añeja legislación urbana en relación a las nuevas leyes ambientales y el nuevo 115. Noches en vela se pasaba Toño remendando para sustentar las decisiones de los dos cabildos que ayudó a funcionar, impulsando el aterrizaje de las nuevas funciones municipales… lo que logró en ocasiones, hasta suavemente.
Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y El Marques afrontaron cada cual a su manera la robusta condición de mandones de la fiesta, como se dijera entre los taurinos. El gobierno estatal cumplió y se firmaron convenios de transición que ya no se renovaron en 2003 pues al probar la miel del poder sobre el suelo, ya a nadie le gustó seguir de la mano tutora de la S.D.U.O.P.
En lo administrativo las direcciones de desarrollo urbano se fortalecieron con más personal y aparecieron en la estructura organizacional de los municipios las Secretarías de Desarrollo Sustentable. Se diseñaron formatos, modelos de inspección y se gestaron tímidamente mecanismos de tasación inmobiliaria ante la ausencia de un modelo caduco en el Código Urbano actual; Querétaro reclamó el Catastro y mejor se lo concedieron ante la amenaza de que también quería el control municipal del agua. Por lo que ve a lo financiero, aumentaron los ingresos propios considerablemente pero también las demandas de particulares y empresas, que vieron irse el impuesto predial hasta 500% para arriba. Ser Regidor se volvió más interesante que ser Diputado y todavía mejor en la Comisión de Desarrollo Urbano.
La facultad para realizar la modificación del uso del suelo y la planeación a escala municipal “tomo por sorpresa” al nivel estatal de gobierno. Los ayuntamientos tomaron decisiones, habilitaron suelos a la urbe y el Gobierno del Estado no encontró fácilmente la manera de frenar la presión, particularmente sobre la Comisión Estatal de Aguas. El “boom” del suelo ejidal circundante a la zona metropolitana trastocó todo orden concebido hasta entonces. En este contexto, la administración loyolista atinadamente creó el Comité de Factibilidades, dependencia emergente para el control del precioso líquido a fraccionamientos y condominios. Sin agua no hubo suelo aunque estuviera aprobado.
Más tarde, en el Gobierno de Francisco Garrido, a alguien se le ocurrió los inefables “dictámenes de ratificación”, con los cuales se controlaba a los presidentes municipales, especialmente a Armando Rivera, a través de la S.D.U.O.P. Instrumento inconstitucional que sin sustento alguno “recalificaba” las decisiones del cabildo para frenar cambios de uso de suelo aprobados legítimamente por los municipios. Sin dictamen no había publicación en la Sombra de Arteaga y el Registro Público de la Propiedad no inscribía. Nadie se atrevió a interponer amparos so pena de no recibir agua. Y sin embargo, seguimos creciendo…
El desarrollo de la mancha urbana de la Ciudad de Querétaro y de San Juan del Río tomo un ritmo vertiginoso. Para el año 2002, el Municipio de Corregidora dejaba su condición eminentemente rural presentando el índice de crecimiento sostenido más intenso del país hasta 2007. Algo similar a lo que enfrenta hoy El Marques o a lo que vivió San Juan del Río durante los años de la industrialización. Fenómeno que podría repetir Pedro Escobedo, Ezequiel Montes y Cadereyta muy pronto, quienes con la ampliación de la carretera a la Sierra Gorda podrían crecer con los mismos riesgos si la Ley no cambia y mejora.
Otra anécdota curiosa la protagonizó el Ayuntamiento de Querétaro 2003-2006 cuando aprobados los nuevos planes de desarrollo delegacionales, en votación unánime, el Gobernador Garrido decidió no publicarlos, aplicándoles un veto de bolsillo temporal para después –“bien revisados”– liberarlos en el siguiente trienio ya con Manuel González en los controles del Municipio (2008).
En nuestros actuales planes, se puede apreciar claramente como la rectoría de la planeación del desarrollo urbano, se ha desplazado de riesgosa y fragmentada manera a los ayuntamientos, sin una visión general del desarrollo. Tenemos 18 visiones locales en pugna eminente todos los días a una velocidad de vértigo. Hoy, como sea que cada tres años se de la configuración política de Querétaro, la figura municipal reclama, fuerte o suave, el reconocimiento de su libertad, frecuentemente transfigurada en un concepto erróneo de “autonomía”.
De 2000 a la fecha hemos tenido cuatro secretarios estatales de Desarrollo Urbano, Luis Vazquez, Alfonso Ramos, José Luis Covarrubias y ahora Sergio Chufani. Cinco secretarios municipales encargados del tema: Rogelio Rodríguez, Gerardo Vega, Vicente Suárez, Ricardo Alegre y ahora Marco Del Prete; comunes a todos de algún modo, los directores Fernando González y Miguel Angel Bucio. En 12 años nos gastamos cerca de diez mil millones de pesos en obra pública. Se hicieron parques bicentenarios, ciudades de las artes, puentes, terceros pisos, boulevares, anillos periféricos y acueductos pero muchos queretanos afirman que no vivimos más cómodos ni mejor conectados.
Tenemos más o menos 650 asentamientos irregulares, tan solo 258 en el Municipio de Querétaro y de esos más de 40 tan solo en la Delegación Epigmenio González. 100 mil queretanos no tienen una escritura. Más de 200 colonias permanecen sin entrega recepción. Cerca de 14 mil hectáreas se habilitaron al desarrollo, mientras tímidamente se construyeron 20 edificios de más de cuatro pisos. Con estas cifras y con estos datos se prefirió no modificar el Código aun teniendo un proyecto aceptable de la LIV Legislatura… ¿Porqué?
En síntesis, el contenido del Código Urbano no solamente no fue (ni es) capaz de crear homogeneidad entre los estilos de gobierno de cada municipio; evidentemente esa no es su función. Su aspiración como norma deberá ser la unificación de criterios entre el Estado y sus municipios; consolidar un verdadero modelo de planeación democrática y de ordenación de territorio; precursor de seguridad jurídica a los inversionistas y modelo que prodigue solidaridad, equidad e inclusión para todos los habitantes de nuestras ciudades. Asimismo debe ser una herramienta que frene la abrumadora urgencia con que tratamos el recurso suelo y la especulación.
P.D. El Estado mexicano no puede claudicar en su función de dirigir el desarrollo urbano, turnando solo a los empresarios la delicada responsabilidad de decidir la Ciudad. Más o menos así se expresó el Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta en el Seminario Fundacional de FOROPOLIS, nueva organización de empresarios, académicos, consultores y estudiosos del urbanismo y la planeación por una política de estado para las ciudades mexicanas. Felicidades a todos los fundadores, será seguramente para el bien de nuestro país.

¿Pugna Inminente? (primera parte)

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Por Gabriel Ballesteros Martínez

 

El Estado de Querétaro se está preparando para un debate que puede significar una pugna inminente si no se cuidan los distintos aspectos tanto de legitimación política como de técnica legislativa que amerita el alumbramiento de un nuevo Código Urbano para el Estado de Querétaro.
En esta primera de dos o quizá tres partes, revisamos como andan las cosas antes de que inicie el debate por una nueva legislación urbana. Siendo un histórico momento, nuestros diputados habrán de tejer muy fino y evitar fracasar por sexta vez en el intento.
Puede decirse que el carácter del Municipio Libre del siglo XXI camina hacia su consolidación. Su plena madurez depende de muchos factores; algunos concernientes al sector público; los más, relativos a la nueva concepción de ser ciudadano. La reforma de 1999 al Artículo 115 de nuestra Constitución fue resultado de un extenso debate nacional en el contexto de una de las tareas públicas y gubernamentales que aun siguen su curso: la descentralización política y administrativa que se impulsara en el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid, sobre la cual Acción Nacional (en la voz del Jefe Diego) juagaría un papel determinante. Hay que revisar ese pasado para entender con claridad cuál era efectivamente el alcance de la “emancipación” municipal concebida y cual es efectivamente, el tamaño de aquella concedida o más bien, arrebatada en algunos casos, por nuestros ayuntamientos.
La reforma constitucional facultó a los municipios en los términos de las leyes federales y estatales para controlar el suelo, lo que hasta entonces le tocaba al Gobernador. En esta nueva “mayoría de edad”, a partir del año 2000 los ayuntamientos comenzaron a formular, aprobar y administrar sus planes de desarrollo urbano; comenzaron a crear y administrar reservas; comenzaron, sin preguntarle al Estado a otorgar licencias y permisos. Lo grave del caso es que muchas o casi todas estas nuevas atribuciones municipales, no tienen tope en nuestro actual ordenamiento y sin un Instituto de Planeación cada Municipio se diseña a sí mismo; incluso, pueden elegir si le hacen caso a las “sugerencias” de la autoridad estatal del desarrollo urbano. El crecimiento se da al arbitrio de fuerzas político económicas que no siempre van de la mano con lo que más nos conviene a todos.
Desde el inicio del siglo, nuestro Código Urbano comenzó a demostrar la flacura de su contenido pues la inconstitucionalidad de muchos de sus artículos amenaza su eficacia. Al día de hoy, muchas de las atribuciones municipales se ejercen sin control por parte del Estado ya que el Código Urbano es ambiguo o no contempla la forma como deben coordinarse muchas de estas decisiones. Está por verse con que tanta suavidad permitirán los actores municipales y estatales que este esquema se adapte a la realidad constitucional pero sobre todo, que se equilibre en el ámbito de la política real, pues por un lado a algunos confundidos les parece que este estado de cosas es mejor que prevalezca y por otro, fuerzas extremistas querrían utilizar el escenario para cobrar facturas.
¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos al punto de que el gobierno estatal sienta la urgencia de entrar al ajuste de estas atribuciones y a la arriesgada (pero indispensable) tarea de meter a todos los actores del desarrollo urbano y particularmente a los ayuntamientos en cintura? Parece que es sencillo el diagnóstico: el abuso, el descontrol y la discrecionalidad con que se tomaron muchas decisiones en el pasado reciente han puesto en riesgo nuestras ciudades.
En el debate para reformar el 115 se alegaba que el Municipio habría de pasar a ser el eje estratégico administrativo; que pasaría de mero gestor y “maistro de obras” a decisor y responsable. Hoy muchos de nuestros municipios han crecido si y se han desarrollado en lo administrativo, pero tienen deudas y severos problemas para financiar las ciudades que han autorizado, quizá con malas decisiones. Habrá que ver con que disposición se sientan a la mesa cuando les digan que muchas de las atribuciones que han ejercido alegremente serán acotadas y al mismo tiempo habrá que ver como se plantean los equilibrios pues la Constitución es clara y a ellos les toca el suelo. Los ciudadanos no queremos ver una pugna por el control del suelo y del agua, esperamos un debate de altura con una visión de estado y de futuro.

Un médico para la Ciudad

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¿Podría existir algo así como la medicina urbana?
 
El diseño urbano en aproximación a una concepción de la medicina urbana, puede concebirse como la ciencia que estudia las intervenciones humanas individuales o en un conjunto sobre las estructuras y redes de la Ciudad para curarlas mediante tratamientos e intervenciones quirúrgicas, o bien para prevenir enfermedades mediante el fomento de buenos hábitos de salud constructiva y comportamiento en la red, denominados patrones.
 
La Ciudad es un organismo vivo, que se alimenta y excreta; desdobla con furia su actividad y descansa; tiene un torrente sanguineo hidráulico y procesa energicamente sus emociones mediante terminaciones nerviosas que convergen en los centros urbanos, las plazas públicas y los edificios del gobierno. Transforma materia en energía y realiza un sinfín de combinaciones moleculares en los distritos comerciales e industriales que le permiten llevar la cuenta de sus flujos y substancias. El gobierno municipal, como cerebro prinicipal y sus extremidades traducidas en corredores urbanos, calles y callejones, van conformando un cuerpo no siempre vigoroso, proclive a la desestibilización de sus prinicipales indicadores y signos vitales.

En efecto, se puede hablar de una Ciudad enferma y de una Ciudad sana. La Ciudad mantiene diversos sistemas funcionando a través de sus órganos y tejidos. Como sucede con el cuerpo humano, su estado puede ser dictaminado de plena y cabal salud hasta grave de pronóstico reservado, pasando por el más común dictamen de leve y estable.

 
Para el diseñador urbano la preocupación principal es evitar que partes de la Ciudad sufran gangrena y se necrosen, ya que amputar es una práctica imposible. Los órganos inútiles, mediante el fenómeno de la emergencia, crean disfunciones nuevas. Áreas enteras de la Ciudad o pequeños nodos aparentemente insignificantes que mutan formando y expandiendo células cancerosas que contaminan directamente o envían agentes nocivos a otras partes de la urbe. Bandalismo, vacios urbanos cual guaridas y lugares prohibidos incluso para las fuerzas del orden.
 
Los padecimientos comunes de la Ciudad.
 
1.- Desconexión aguda: debida a la proliferación de proyectos condominales cerrados como cuerpos extraños encapsulados, que ofrecen “seguridad” y “exclusividad”, alejados de la zona urbanizada o integrados en ella sin lograr tal cosa.
 
2.- Segregación social y fragmentación para el intercambio celular adecuado: motivada por la segmentación económica de la Ciudad, la zonificación de infraestructura y calidades de servicio y la negación antinatural a la mezcla de usos de suelo.
 
3.- Asfixia social, por falta de un espacio público adecuado, sobre todo en aquellas nuevas extensiones de la Ciudad.
 
4.- Incapacidad motriz, rigidez en músculos y principios de cuadriplegia por falta de una buena circulación debida a una red de transporte público desfigurada, no sustentable, desorganizada y de pésima calidad. Una red de movilidad trunca.
 
5.- Fagocitosis negativa, al consumir indiscriminadamente los recursos nutritivos y alimentarios. Existe un fenómeno de depredación de los recursos ambientales que comprometen al organismo en el proceso de rehabilitar constantemente sus fluidos y tejidos.
 
6.- Deformación al crecimiento del sistema linfático y nervioso de la Ciudad, que se manifiesta de diversas maneras por la falta de oportunidad o el alto costo de organizarla y cuidarla; la desfiguración de los centros urbanos o la carencia de un esqueleto legible de infraestructura.
 
7.- Sedentarismo al obligar a las personas a utilizar el vehículo ante la falta de infraestructura que estimule la peatonalidad.
 
8.- Resequedad y deshidratación dado el abatimiento de los mantos acuíferos de la región metropolitana en virtud del hiperconsumo de agua frente a una casi nula actividad de saneamiento y reutilización .
 
9.- Atrofia del espacio construido o falta de saturación que se agrava con la apertura de nuevos polos de desarrollo que dejan suelos inútiles en el área urbanizada.
 
10.- Linfomas cancerígenos derivados o producidos constantemente por un fenómeno compuesto de sobre-regulación y corrupción en el proceso de gestión del desarrollo urbano.
 
Como cirujano de la Ciudad, el médico urbano debe tener cuidado con las cicatrices que puede dejar. La fase posterior a una intervención para garantizar el éxito debe ser bien diseñada. En algunas zonas la terapia de rehabilitación tiene que venir coordinada por el Gobierno si se quiere que sea más rápida o dirigida en su primer etapa de convalecencia; puede hacerse mediante la intervención con obra pública, dando vitaminas a manera de incentivos fiscales o bien implantando prótesis que devuelvan la capacidad motriz de la economía de una zona: como podría ser un estadio, un mercado o una institución educativa. El Estado impulsará la proliferación de células nuevas: vivienda y locales comerciales; talleres, nuevos centros de servicios; provisión de alimentos y abasto en general. El objetivo es siempre la creación de conexiones como expresa Salingaros sin afectar los órganos vitales o modificar su función en el entramado. Una Ciudad cobra vida (o se restablece) “solo si su geometría permite un enorme variación en sus conexiones, lo que le permite evolucionar tal como lo hace un organismo (vivo)…” concluye el autor de Principios de la Estructura Urbana.
 
Según el blog de internet “The New Colonist” dedicado a relatar lo que ellos denominan el regreso de suburbia, evocando la idea de que existe una especie de arrepentimiento colectivo respecto de este modelo de crecimiento, el médico especialista en genética de la Universidad de Harvard Joel Hirschhorn , autor del Libro El Sprawl Mata, señala que el diseño de las comunidades sustenta o bien una forma sedentaria de vivir o una vida activa de sus ocupantes. Según sus conclusiones, el sprawl a creado un nuevo padecimiento que él denomina el “Síndrome de Muerte por Sedentarismo”. Según cifras citadas por él en su artículo From the Bronx to Sprawl to Smart Growth, más de 400,000 personas mueren prematuramente a causa del modo de vida sedentario que provoca el Sprawl vinculado a otras enfermedades fundamentalmente cardiovasculares. Termina afirmando, que en Estados Unidos este mal pronto superará como causa de muerte al tabaquismo.
 
Ideas que amenazan con ser una conclusión.
 
La ciencia del diseño urbano y el lenguaje de patrones pueden curar muchos de los síntomas de una Ciudad enferma, ya que el lenguaje de patrones es una metodología que permite descubrir vacunas y aplicarlas a tiempo. Asimismo es capaz de recetar el tratamiento correcto a un sujeto que ya presenté los síntomas de uno de tantos padecimientos como los citados en el presente ejercicio ensayístico.
 
La salud de la Ciudad como ente vivo se manifiesta a través de su infraestructura y del modo como se comporta el espacio público. No podemos renunciar a una aspiración de derecho fundamental como es la salud citadina. El gobierno debe impulsar un modelo de desarrollo urbano que garantice equipamientos y áreas verdes para la ecuanimidad y estabilidad emocional de la Ciudad.
 
El derecho urbanístico, concebido en este orden de ideas como un estudio de inmunología para la urbe, debe trabajar en lo más profundo de la genética citadina para descubrir el modo de infiltrar patrones positivos en las normas que regulan el sistema jurídico alrededor del desarrollo urbano para impulsar la recreación de la cualidad sin nombre en cada nuevo proyecto.
 
El médico urbano debe ser fiel a su juramento hipocrático y refrendarlo en una lucha constante contra la seducción de negocios financieros que en lugar de hacer Ciudad propagan la «tinacolanditis» * cual pandemia en todo el territorio mexicano.
* tinácos Rotoplas como visión urbana común de nuestras ciudades

Esquina Bajan!! (movilidad urbana)

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Trasladarse de un lado a otro en nuestra ciudad es un asunto que muestra señas graves  de conflicto. Programar nuestros tiempos de traslado se ha vuelto un tema y por ello, la planeación de nuestra red urbana para la movilidad se ha vuelto un asunto  estratégico tanto en lo económico como en materia de gobernabilidad.
Caminar, estando cerca sí, pero a veces inviable en una ciudad fragmentada como la nuestra y sin buenas banquetas. La bicicleta, prácticamente impensable por la ausencia casi general de ciclovías o siquiera buenos acotamientos donde guarecerse de la incultura hacia el ciclista. La moto, una buena opción individual pero con mayor riesgo que la opción anterior. El taxi, inaccesible para las mayorías y para alguna parte de la minoría. Nos quedan entonces el auto particular y el camión de pasajeros como alternativa preferida de los queretanos. En la imaginaria el tren de cercanías, el metro o el metrobus…
El “camión” para muchos usuarios es sinónimo de riesgo. Según las encuestas, muchas personas que dicen sentirse inseguras en Querétaro, se contradicen al declarar en otros reactivos del mismo cuestionario, que nunca las han robado o que jamás han sido sujeto de un hecho violento; sin embargo, y esto es lo delicado, las personas asocian su inseguridad al transporte público, ya sea porque lo usen a diario o transiten junto a él por las calles. Igualmente, resulta un factor amenazante al pasar frente a su casa, la escuela de sus hijos o su negocio, vulnerando la tranquilidad.
El problema de la baja calidad de nuestro transporte público de pasajeros, tiene más de una década en discusión. La LIII Legislatura (2000-2003) hizo un extraordinario esfuerzo de conciliación política comandado por el Diputado panista Oscar Sánchez y por el Diputado priista Juan José Flores Solórzano, quienes llevaron al Pleno a una histórica votación unánime de donde surgió la Ley de Transporte del Estado de Querétaro. Esta misma fue reformada varias veces y después abrogada por la actual, publicada en 2009 por Francisco Garrido quien, la verdad aunque incómoda sea dicha, a este tema no le quiso entrar y prefirió viajar por el mundo conociendo modelos exitosos.
En su Capítulo Tercero, esta ley describe las conductas indeseables y las sanciones tanto a choferes como a propietarios del camión, mismas que van de 5 a 200 veces el salario mínimo de multa o pueden consistir en suspensión temporal o revocación de la concesión. Este apartado legal, ya merecerá una entrega en la que habrá de analizarse el modelo operacional y en particular el método de enjuiciamiento y sanción que se diseñó, del cual puede adelantarse una crítica pues parece muy “apapachador” del concesionario.
Una parte del problema está en la calle y otro en la estructura de la ciudad. Está en la calle con la inmensa cantidad de unidades sobre las vialidades principales, quienes con una frecuencia de paso excesiva, provocan tal saturación que los choferes se persigan entre sí para captar usuarios. “Esquina bajan!!, aquella voz popular que se le gritaba al chofer, ya no se escucha pues hoy se sube y se baja como se puede y en la mitad de la cuadra, a media esquina o en el carril central… qué más da. Arrancón para detenerse si alguien hace la seña de parada y no importa si es cinco metros después. Nuestro sistema se distingue del primer mundo porque aquí el transporte va al pasajero y no, como debe ser, el pasajero al transporte, sobre la base de un entramado de paradas, rutas y horarios, debidamente planeados y en estudio evolutivo permanente.
La estructura de la ciudad es la esencia del problema. La zona metropolitana no ha sido preparada para albergar un buen sistema de transporte público de pasajeros. Durante dos sexenios la Comisión de Conurbación o lo que sea que hace las veces de este modelo de control que aparece en el Código Urbano, ha brillado por su ausencia. En cada uno de los tres municipios, se aprueban polos de crecimiento, se cambia el uso del suelo y no se diseña al mismo tiempo la nueva infraestructura de la red de movilidad ni su conexión con la antigua.
Bahías de ascenso y descenso, paradas a cada 500 metros, centrales de transferencia para la conexión de regiones o sectores y un largo etcétera de elementos, están ausentes o se asignan a la vía pública con criterios aislados, casi al gusto. Si bien el problema esencial de lo ya construido se puede diagnosticar y corregir replanteando avenidas, camellones y circuitos –con mucho dinero público por cierto– la oportunidad está en la ciudad nueva, en la que estamos empezando a construir hoy. Ahora, además de mejorar y ejecutar el proyecto que dejó la oficina de Mauricio Cobo, será necesario plantear en la reforma del Código Urbano, una buena liga tanto con la Ley de Transporte Público como con los reglamentos de construcción municipales.
Movilidad multimodal sustentable orientada al desarrollo es la reciente terminología urbana aplicable al caso, que quiere decir en simple: movernos rápido; cómodamente; a gasolina, electricidad o con la fuerza de nuestro cuerpo; sin riesgos ni tumultos a todas partes. Del discurso de su primer informe al frente de la administración pública local, puede inferirse la invitación del Gobernador Calzada Rovirosa a la gran reforma del transporte en Querétaro. Los destinatarios, es de suponerse que acusaron recibo. Tanto a las centrales obreras, detentadoras de la mayor parte de las concesiones de transporte como las independientes (aquellas que se han escindido de las primeras o bien han nacido como alternativa en algún momento para luego aclimatarse al modelo de siempre) tienen el reto de entender está imperiosa necesidad capitalina, so pena de confrontar tanto al gobierno como a la propia ciudadanía. Capacitar a los choferes es solo una de las muchas tareas pendientes para darle a esta urbe la movilidad que se merece y por el discurso, parece que no tendremos que esperar otros seis años.
P.D. Los gabinetes de la iluminación de Los Arcos quedaron muy expuestos y modificaron la vista del monumento. No sería mejor esconderlos o disimularlos de algún modo ?
Por Gabriel Ballesteros Martínez

Impactos, planeación y Alebrijes en Querétaro

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Por Gabriel Ballesteros Martínez
“Impacto” es una palabra muy fuerte. Nos da la idea inmediata de golpe, de afectación, de lo que modifica o cambia. De aquello que pasó y ya no volvió a ser lo que aquello era.

Hay tres tipos básicos de impacto generado por el desarrollo urbano: el impacto ambiental, el impacto social y el impacto económico asociado que se provoca. También hay un eterno debate sobre cuál de los tres debe campear y para resolverlo, desde el Informe Bruntland en 1987 auspiciado por Naciones Unidas, con un gran celo semántico, se han derivado más de cien diferentes versiones de lo que se entiende por desarrollo sustentable o sostenible. Es para valientes entrarle a esta definición pues en cada sobremesa podría escribirse una nueva, y no es objetivo de esta entrega disertar el tema.
Para hablar de los impactos del desarrollo urbano, es necesario situarse en un caso específico, pues solo así se puede argumentar razonablemente de un lado o de otro, cuando de frenar o impulsar un proyecto se trata. No es lo mismo modificar ochocientas hectáreas de playa y selva en Punta Mita que hacer un centro comercial entre Jurica y Juriquilla. Tampoco lo es derribar hermosas e indefensas jacarandas de Bernardo Quintana para hacer un espantoso puente por el que hoy solo se desciende a un embudo desde el denominado Centro Noreste; sin embargo, la base para medir los impactos en esencia debe ser la misma en Nayarit, en Querétaro y donde sea. Debe ser técnica y científica.
Plantas, arboles, flora, fauna y tranquilidad a cambio de empleos, riqueza y bienestar, esa es la ecuación. Cuanto suelo y cuando debe dedicarse al crecimiento o cuando debe preservarse para el servicio ambiental o producir alimentos, es el gran dilema; esas son las preguntas a la que tenemos que garantizarles una respuesta cierta.
El conflicto entre el capital y lo natural tiene diversas arenas, entre otras la estrategia comercial privada; la obra pública; la preservación monumental e histórica; el abasto; la apertura de un polo de desarrollo; la preservación de especies endémicas o simplemente la supervivencia. Con un afán simplista, en la arena que quieran siempre habrá malos y buenos, ángeles y demonios. Los voraces depredadores y los heroicos defensores. Los necios y los prohombres del desarrollo.
Más allá de binomios aburridos e interminables, en este tema de los impactos debe prevalecer la técnica y la tecnología, la planeación y la planificación seria, basada en datos científicos sin dedicatoria o ventaja para nadie: técnica, institucionalizada e independiente, más allá de cualquiera y por encima de todos. A la ecuación descrita líneas arriba habría que añadírsele un componente determinante: el interés público.
Cuando alguien integra un nuevo elemento a la Ciudad, genera un impacto en la red urbana. La conexión entre los nodos, que son las tiendas, las casas las fábricas y los elementos de menor escala urbana como el bolero, la fuente y la banca que apoyan nuestra convivencia e interacción, se ve afectada tanto en lo individual como en lo colectivo. Definir tanto los tiempos como la vocación del suelo no es cuestión de que unos intereses sean más capaces de imponerse a otros, es un equilibrio que debe procurarse desde el Estado, pues solo este puede tener la visión general, entendiendo que no es el propietario de ella, de ahí que el reto más que gubernamental, es público.
En Querétaro no tenemos un esquema cierto de medición de los impactos y peor aún, no tenemos una institución que nos de la seguridad y la certeza de que esta función estatal se está cumpliendo en todo nuestro territorio. El anhelado Instituto de Planeación del Estado, está en ciernes desde hace años y urge; la propuesta del Arq. Jorge Vázquez Mellado recientemente en su libro El Nuevo Santiago de Querétaro y las realizadas por el ITESM y la U.A.Q. por más de una década, están ahí como alternativas inacabadas. El modelo del órgano de gobierno de esta institución ha sido siempre el dilema. ¿Porqué no le perdemos el miedo y dejamos paso a la ciencia y a la técnica, más allá de personas, intereses y dedicatorias?
La ciudadanización de algunas entidades públicas –está probado– no ha sido garantía de imparcialidad; sin embargo, en el caso del Instituto de Planeación, un generoso presupuesto para estudios y personal calificado podría construir en conjunto un órgano rector del desarrollo sin “afectos ni efectos” secundarios. Con mucha técnica constitucional, en el nuevo Código Urbano es posible construir para esta institución, un nicho desde el cual, respetuosamente, se proponga tanto a escala municipal como regional el desarrollo con una visión mínima de 30 años.
Si te interesa este tema de los impactos, hay dos películas estupendas: La Verdad Inconveniente con la que un grupo comandado por Al Gore el ex Vicepresidente de Estados Unidos ganó el Premio Nobel de la Paz y otra, todavía mejor, llamada HOME, realizada por cineastas franceses bajo el patrocinio de marcas de ropa como GUCCI, PUMA, IVES SAINT LAURENT entre otras, cuya narración en español es de nuestra veracruzana Salma Hajek. La mejores imágenes aéreas inéditas del planeta y la música, un auténtico concierto. Está en You Tube.
P.D. Alebrijes en el Acueducto: es indiscutible que en el Querétaro contemporáneo los espacios públicos no abundan. Las hermosas plazas y jardines del centro no se dan en otras partes de la Ciudad. Es de aplaudirse el esfuerzo del gobierno municipal por desarrollar el ciclismo recreativo y el paseo por la Calzada de Los Arcos pero… ¿no es prematuro realizar exposiciones sin que la zona esté preparada para recibir paseantes? El pasado domingo se antojaba insegura la convivencia entre autos y familias. También será importante prevenir el ambulantaje que llega junto con los visitantes.