Por MNU y Lic. Gabriel Ballsteros Martínez

La intención de penalizar los cambios de uso de suelo otorgados “ilegalmente”, es hoy una acción legislativa ocurrente y fuera de tiempo; nuestro Código Penal siempre ha contenido la oportunidad de castigar a las autoridades en materia urbana que asociadas o no con los particulares, esquiven, simulen o abusen de las funciones que les han sido confiadas. La trágica cadena de abusos sobre el suelo queretano –ya sucedió– durante la última década; el niño ya se ahogó y para tapar el pozo no hace falta un nuevo delito, hace falta responsabilidad política, conciencia social y participación ciudadana.

Reconozco la intención de nuestros legisladores, no lo tomen personal por favor, pero creo que traen la mira chueca. A donde hay que apuntar es a la Ley de Planeación, esa si necesita severos cambios; esa si recibiría con gusto reglas que permitan tarde o temprano, castigar a quienes pretendan burlar la visión popular del futuro.

Castigar con 6 meses o 3 años de cárcel a los servidores públicos que aprueben cambios de uso de suelo contrarios a las leyes urbanísticas, es un tipo delictivo que le sobra al Código Penal y una idea que –traducida del lenguaje punitivo al de la oportunidad democrática– debería abundar en los reglamentos municipales.

Seis meses a tres años debería durar el plazo para hacer el Plan de Desarrollo Urbano de Querétaro a 30 o 50 años; eso sí sería innovar. Seis meses deberían darle al Ejecutivo para crear el Instituto de Planeación y tres años para dar sus primeros frutos eficientes de ordenamiento territorial. Eso sí sería mostrar voluntad de cambio.

Nuestro problema no es llenar la cárcel de especuladores, es inhibir la posibilidad de que actúen. Es eliminar los espacios oscuros donde organizan la aplicación de los recursos públicos a favor de suelos que todavía no les corresponde. Es abrir la caja negra y volverla transparente con información técnica y científica que permita, a la luz del urbanismo, la economía y las ciencias naturales, decidir que suelos son o no son de intervenirse.

Legislen la obligación de los regidores de certificarse en materia de impactos ambientales. Vuelvan obligatorios los dictámenes de compatibilidad urbana; eliminen con una fórmula democrática la subjetividad con que hoy se mide el impacto social en las modificaciones del tipo de uso de suelo. Acaben de una buena vez con el peloteo del nuevo Código Urbano.

Planeación es hacer futuro. Hacer delitos es una acción de retroceso en sí misma. Chequen lo que le ha pasado al delito creado en 2001 contra los que venden tierra sin permisos. Solo ha servido para amagar, para traer a las organizaciones sociales a la mesa, mientras que los asentamientos irregulares siguen creciendo.

El equilibrio en una sociedad no se puede dar por decreto, o porque a partir de mañana pueda ser privado de su libertad un servidor público que presionado por el capital o por su avaricia, se obsequió una decisión conveniente. El equilibrio se da cuando estructuralmente tenemos los elementos para evitar siquiera la idea de abusar del suelo. Se dará cuando efectivamente reconozcamos en la ley la función social de la propiedad y repartamos de manera equitativa las cargas y los beneficios del desarrollo urbano. Eso sí sería aportar algo nuevo…

P.D. Reitero, no lo tomen personal. Se les reconoce la preocupación en el tema pero no es por ahí.